Sentencia de Tribunal Apelativo de 29-06-2022, número de resolución KLAN2021000960

Fecha de la decisión29 Junio 2022
PartesPedro Luis Adorno Rivera v. Wanda Rodriguez Anaya
LEXTA20220629-004 - Pedro Luis Adorno Rivera v. Wanda Rodriguez Anaya

LEXTA20220629-004 - Pedro Luis Adorno Rivera v. Wanda Rodriguez Anaya

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

PEDRO LUIS ADORNO RIVERA Y CARLOS MIGUEL RIVERA RIVERA

DEMANDANTE(S)-APELADA(S)

v.

WANDA RODRÍGUEZ ANAYA, RICHARD ROAD Y JOHN DOE, SAMUEL BERRIOS REYES Y CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ

DEMANDADA(S)- APELANTE(S)

KLAN2021000960

Apelación

procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de SALINAS

Caso Núm.

G4CI2012-00148 (202)

Sobre:

Nulidad de Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 29 de junio de 2022.

Comparecen ante este Honorable Tribunal los señores Samuel Berrios Reyes y Carmen Martínez Díaz (matrimonio Berrios-Martínez) mediante Apelación Civil instada el 24 de noviembre de 2021. En su recurso, nos solicitan que revisemos la Sentencia[1] decretada el 28 de diciembre de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Salinas, en la cual, entre otras cosas, se declaró nula la compraventa realizada mediante la Escritura Núm. 16 sobre Compraventa de Mejoras otorgada el 2 de mayo de 2012 ante el(la) Notario Nilsa Ivette Félix García.

A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal de este recurso.

I.

El 1ro de junio de 2012, el señor Fermín Rivera Rosario (señor Rivera Rosario), presentó su Demanda sobre nulidad de contrato de compraventa, reivindicación y división de comunidad de bienes contra la señora Wanda Rodríguez Anaya (señora Rodríguez Anaya) y otros codemandados. En su causa de acción, el señor Rivera Rosario alegó que desde el año 1991 hasta el 1997, mantuvo una relación consensual con la señora Rodríguez Anaya. En adición, aseveró que, al separarse, la señora Rodríguez Anaya solicitó y obtuvo una Orden de Protección en su contra. Dicha Orden de Protección fue emitida el 29 de septiembre de 1997 por la Sala Municipal de Salinas; y en esta, se dispuso que la residencia donde convivieron durante su relación estaba desocupada– propiedad en controversia en el presente litigio- no sería ocupada por ninguno de los dos (2); los bienes muebles permanecerían en la vivienda hasta que se llevara a cabo la correspondiente división de la comunidad de bienes compuesta por ambos; y éstos recogerían sus pertenencias personales.

Así las cosas, el señor Rivera Rosario arguyó que la señora Rodríguez Anaya violentó lo dispuesto en la Orden de Protección al ocupar dicha vivienda con su nueva pareja hasta el año 2012 cuando vendió a un tercero. El señor Rivera Rosario también alegó que la señora Rodríguez Anaya usó y disfrutó del hogar sin pagar canon de arrendamiento alguno y solicitó que el mismo le fuese adjudicado a su nombre. En cuanto a la parte compradora, quienes fueron inicialmente demandados bajo nombre desconocido, solicitó que fueran encontrados solidariamente responsables dado que estos conocían que él era codueño de la residencia, y por esto, actuaron de mala fe al adquirir la propiedad exclusivamente de la señora Rodríguez Anaya.

Basado en las alegaciones hechas en su Demanda, el señor Rivera Rosario solicitó que se decretara la división de la comunidad de bienes alegadamente compuesta por la señora Rodríguez Anaya y éste; se le adjudicara la propiedad; se decretara nula la compraventa; se ordenara al matrimonio Berrios-Martínez, los compradores, a entregarle la propiedad; y, por último, se condenara a las partes demandadas a satisfacer la suma de $10,000.00 en concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.

Luego de varios incidentes procesales, el 8 de diciembre de 2014, se presentó Demanda Enmendada[2] para incluir al matrimonio Berrios-Martínez como partes co-demandadas. El día 30 de diciembre de 2014, el matrimonio Berrios-Martínez presentó su Contestación a Demanda Enmendada.[3] En la misma, estos solicitaron que se declarara sin lugar la demanda y condenara al señor Rivera Rosario sufragar una suma no menor de $20,000.00 en concepto del pago de costas, gastos y honorarios de abogado. El 3 de julio de 2015, la señora Rodríguez Anaya presentó su Contestación a la Demanda y Solicitud de Desestimación.[4]

Posteriormente, el 31 de agosto de 2015, el matrimonio Berrios-Martínez presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial,[5] en la cual solicitaron la desestimación de la reclamación. Así las cosas, el 26 de octubre de 2015, el señor Rivera Rosario presentó su Réplica a Moción de Sentencia Sumaria.[6] El 17 de mayo de 2016, el foro de instancia decretó Resolución,[7] declarando no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria; determinando que aún existían hechos materiales en controversia que ameritaban ser evaluados en un juicio plenario; y pautando audiencias.

Un tiempo después de concluido el juicio, el 4 de diciembre de 2017, el señor Rivera Rosario falleció y el 17 de mayo de 2018, mediante Resolución fue sustituido por sus herederos: señores Pedro Luis Adorno Rivera y Carlos Miguel Rivera Rivera. El 28 de diciembre de 2020, se dictaminó la Sentencia de la cual se recurre en el presente recurso.

Insatisfecho con la determinación, el 16 de febrero de 2021, el matrimonio Berrios-Martínez presentó una Moción Solicitando Reconsideración,[8] arguyendo que se debía declarar que la residencia objeto del presente litigio pertenecía a la señora Rodríguez Anaya o en la alternativa, pertenecía a la comunidad de bienes compuesta entre los señores Rivera Rosario y Rodríguez Anaya; y desestimara y dejara sin efecto la determinación de nulidad de compraventa y orden de reivindicación sobre la propiedad en controversia. El 1 de junio de 2021, los señores Adorno Rivera y Rivera Rivera presentaron su Moción en Oposición a Reconsideración,[9] aduciendo que la solicitud de reconsideración fue presentada fuera del término señalado por la Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009. El 15 de julio de 2021, el foro a quo declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración mediante Resolución en Reconsideración.[10]

Inconformes aún, el 27 de septiembre de 2021, el matrimonio Berrios-Martínez acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante Apelación Civil.[11] Sin embargo, el 4 de octubre de 2021, el matrimonio Berrios-Martínez presentó una Moción Solicitando Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio al Amparo de la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en la cual arguyeron que el recurso era uno prematuro por la notificación inadecuada a la señora Rodríguez Anaya.[12] Luego, el 2 de noviembre de 2021, los señores Adorno Rivera y Rivera Rivera presentaron su Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación; y Moción en Oposición a Moción Solicitando Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio. El 29 de marzo de 2022, se determinó Sentencia dando por desistida la Apelación Civil presentada el 27 de septiembre de 2021 al amparo de la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.[13]

Oportunamente, el 24 de noviembre de 2021, el matrimonio Berrios-Martínez acudió nuevamente ante este Tribunal de Apelaciones mediante su Apelación Civil y señalando los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Salinas, al dictar sentencia sin acumular al Municipio de Salinas como parte indispensable, siendo el Municipio dueño del terreno donde enclava la residencia objeto del pleito.

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Salinas, al determinar que la residencia objeto de este litigio les pertenece a los apelados y no a la codemandada Wanda Rodríguez Anaya o a la comunidad de bienes compuesta por Fermín Rivera Rosario y la codemandada Wanda Rodríguez Anaya.

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Salinas, al declarar nula la compraventa realizada mediante la Escritura Número 16 de Compraventa de Mejoras, otorgada el 2 de mayo de 2012 entre los apelantes y la codemandada, Wanda Rodríguez Anaya y al ordenar a los apelantes a entregar la residencia ubicada en el solar número 35 del Barrio Playa, Sector Cofresí de Salinas, Puerto Rico a los apelados.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, exponemos las normas de derecho pertinentes a la controversia planteada.

II.

A. Acumulación de Parte Indispensable

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil de 2009[14] instituye el mecanismo de la acumulación de parte indispensable. Conforme con este precepto, las personas que tengan un interés sin cuya presencia no pueda adjudicarse por completo la controversia, pues podrían verse afectados sus derechos al momento de dictada la misma por no encontrarse presente en el litigio, se considerarán partes indispensables.[15] En el caso Pérez Rosa v. Morales Rosado,[16] nuestro Tribunal Supremo enfatizó en que, el interés que debe tener esta parte sobre el pleito “[n]o es cualquier interés… se trata de un interés de tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin afectarle o destruirle radicalmente sus derechos.” Del mismo modo, ese interés “tiene que ser real e inmediato… [n]o se trata de meras especulaciones o de un interés futuro.[17]

Al momento de identificar si una parte se puede considerar indispensable o no, “[e]s importante auscultar si el tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente”.[18] Ahora bien, si la parte se considera indispensable, y se determina que esta no fue acumulada, es decir, que existe ausencia de parte indispensable, el pleito no podrá adjudicarse sin la presencia de esta. En tal situación, el tribunal estará impedido de dictar sentencia, pues carecerá de jurisdicción para ello, y, por ende, la sentencia será nula.[19]

Esta garantía,...

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