Sentencia de Tribunal Apelativo de 31-10-2025, número de resolución TA2025RA00131

Fecha de la decisión31 Octubre 2025
PartesAutoridad De Transporte Integrado v. Negociado De Seguridad De Empleo
LEXTA20251031-036 - Autoridad De Transporte Integrado v. Negociado De Seguridad De Empleo

LEXTA20251031-036 - Autoridad De Transporte Integrado v. Negociado De Seguridad De Empleo

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO

Recurrente

v.

NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEO

Recurrido

TA2025RA00131

Revisión

procedente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Caso Núm.:

SJ-03776-24A

Sobre: Elegibilidad a los Beneficios de Compensación por Desempleo

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Romero García y el Juez Pérez Ocasio.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2025.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (la “Agencia”) determinó que el recurrente, un empleado despedido por una corporación pública, es elegible para recibir beneficios por desempleo. Según se explica en detalle a continuación, concluimos que erró la Agencia, pues, según la abundante prueba documental presentada por el patrono (y erróneamente no considerada por la Agencia), el empleado fue despedido por conducta incorrecta, por lo cual no es acreedor a los referidos beneficios.

I.

El Sr. Samuel Pérez Sánchez (el “Empleado”) trabajaba en un puesto regular de Gerente de Asuntos Financieros y Contabilidad, perteneciente al servicio de carrera en la Autoridad de Transporte Integrado (“ATI”), donde laboró por aproximadamente veintisiete (27) años.

Culminado el correspondiente trámite disciplinario, con fecha de 12 de julio de 2024, la ATI le cursó una carta al Empleado en la que se le informó la determinación de destituirlo de manera inmediata por presuntamente incurrir en conducta inapropiada; actos contrarios a los deberes y obligaciones que establece el Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la ATI; posible infracción a la Ley de Ética Gubernamental; y ambiente hostil de trabajo.

En síntesis, según el Informe del Oficial Examinador, el Empleado mostró conducta inapropiada, altanera, prepotente e intimidante; realizó comentarios negativos de la agencia y de índole político en horas laborables, incluida la venta de taquillas para actividades políticas; realizó manifestaciones amenazantes de índole político-partidista; ocasionó la pérdida de fondos públicos por su actuación negligente en el desempeño de sus funciones; ponía música a un nivel de volumen alto; se ausentó de su trabajo por alegada enfermedad, mientras trabajaba en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) de la Comisión Estatal de Elecciones. Véase, Informe del Oficial Examinador, Apéndice 5 del recurso de revisión administrativa, Entrada [1] del SUMAC del TA, págs. 18-22.

Una vez cesó sus labores en la ATI, el Empleado solicitó a la Agencia los beneficios del seguro por desempleo. El 9 de septiembre de 2024, el Negociado de Seguridad de Empleo (el “Negociado”) emitió una declaración de inelegibilidad por entender que el Empleado incurrió en conducta incorrecta al infringir, de forma repetida e injustificada, una norma de la ATI que perjudicó los intereses de esta.

Inconforme, el 9 de octubre, el Empleado instó una Apelación Administrativa ante la Árbitro de la División de Apelaciones de la Agencia. La Árbitro celebró una vista administrativa el 11 de diciembre.

El 29 de enero de 2025, la Árbitro emitió una Resolución en la que revocó la determinación de inelegibilidad del Negociado. En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Árbitro concluyó lo siguiente:

[…]El reclamante tenía un puesto de carrera. Su caso de despido aún sigue pendiente para ser atendido ante la agencia, por lo que aún se desconoce si las conductas incorrectas que se le imputan fueron en efecto cometidas. El reclamante no había sido amonestado ni disciplinado en 27 años por conductas incorrectas e indica que no cometió los hechos. El patrono no presentó a la persona con conocimiento personal de los hechos o una que haya participado en la investigación; en este caso; la Sra. María Laborde. Por lo que este árbitro está obligada a darle credibilidad al testimonio ofrecido por el reclamante. No incurrió en conducta incorrecta con el trabajo, por lo que se concluye que no es de aplicación la Sección 4(B)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo.

No conteste con dicho resultado, el 13 de febrero, la ATI apeló la determinación de la Árbitro ante el Secretario de la Agencia.

Celebrada una vista administrativa, el 3 de julio, la Agencia notificó una Decisión del Secretario (la “Decisión”), mediante la cual se confirmó la Resolución de la Árbitro y, por consiguiente, se reiteró la determinación de elegibilidad. Se formularon las siguientes determinaciones de hechos:

1. El reclamante se desempeñó como Gerente de Asuntos Financieros y de Contabilidad para el patrono Autoridad de Transporte Integrado de PR (ATI) desde el 13 de octubre de 1997 hasta el 12 de julio de 2024, aproximadamente veintisiete (27) años.

2. El reclamante fue despedido al imputársele violación al reglamento de personal de ATI, conducta inapropiada, posible violación a la Ley de Ética Gubernamental y ambiente hostil en el trabajo.

3. Al quedar desempleado, el reclamante solicitó los beneficios de seguro por desempleo. El 9 de septiembre de 2024, el Negociado de Seguridad de Empleo emitió una Determinación de inelegibilidad por entender que violó una norma de la compañía causando un efecto perjudicial a los intereses del patrono de forma repetida e injustificada, lo que constituye conducta incorrecta.

4. No conforme con la decisión, el reclamante solicitó una audiencia ante la Árbitro de la División de Apelaciones. La División de Apelaciones ordenó la celebración de una audiencia el 11 de diciembre de 2024. El 29 de enero de 2025, se notifica Resolución donde se revoca la Determinación de inelegibilidad del NSE a los beneficios de seguro por desempleo, a tenor con la Sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico.

5. El patrono presentó recurso de Apelación donde indica no estar conforme con la decisión de la Árbitro.

6. Se celebró audiencia vía telefónica ante el Secretario el 29 de abril de 2025. El patrono, Autoridad de Transporte Integrado de PR (ATI) estuvo representado por Alberto Martínez Rodríguez, Director de Recursos Humanos y su representante legal, Lcda. Maytte Texidor López, también compareció Glenda González. El reclamante Samuel Pérez Sánchez compareció junto a su representante legal, Lcdo. Iván Garau Díaz.

7. Obran en el expediente elevado al Foro los documentos que la Árbitro tuvo ante sí, presentados como prueba documental por el patrono apelante. Estos son:

a) Informe de la Oficial Investigadora Lcda. María l. Almodóvar Laborde, con fecha de 30 de mayo de 2024, sobre Investigación Administrativa (Acción Disciplinaria) con relación a Samuel Pérez Sánchez.

b) Carta de 31 de mayo de 2024 dirigida al Sr. Samuel Pérez Sánchez, firmada por Josué L. Menéndez Agosto, director ejecutivo de ATI.

c) Carta de 12 de julio de 2024 dirigida al Sr. Samuel Pérez Sánchez, firmada por Josué L. Menéndez Agosto, director ejecutivo de ATI.

d) Informe del Oficial Examinador Lcdo. Hans R. Mercado González, con fecha de 12 de julio de 2024, sobre Vista Administrativa, Formulación de Cargos con relación a Samuel Pérez Sánchez.

8. Obra en el expediente elevado al Foro la Querella de Discrimen presentada a la Unidad Antidiscrimen Federal el 11 de octubre de 2024 por el Sr. Samuel Pérez Sánchez, la que fue jurada y suscrita ante una investigadora de querellas de discrimen.

9. Surge de las audiencias ante la Árbitro y ante la OAS que ATI tiene un reglamento de personal, pero no fue presentado como parte de la prueba documental ante la Árbitro.

10. Surge de las audiencias ante la Árbitro y ante la OAS que previo a los hechos imputados por el patrono, el reclamante no había sido amonestado ni disciplinado por conducta incorrecta durante sus 27 años de servicio en ATI.

11. Surge de las audiencias ante la Árbitro y ante la OAS que hay un procedimiento ante un juez administrativo de la ATI con relación al proceso del despido, el que no ha concluido y en el cual el reclamante solicitó una audiencia que está en proceso.

12. Surge de la audiencia ante la Árbitro que Alberto Martínez Rodríguez, director ejecutivo hizo admisión de parte que obtuvo conocimiento de los hechos imputados al reclamante mediante una comunicación que le fue enviada el 14 de mayo de 2023. De igual forma, que se ordenó una investigación que no fue realizada por él, sino por la Lcda. María I. Almodóvar Laborde, una investigadora independiente. El Sr. Martínez admitió que no entrevistó a los empleados a los que alegadamente se les hicieron pagos indebidos y que no había realizado investigación en cuanto a las alegaciones de que el reclamante fue despedido por su afiliación política.

13. Surge de la Audiencia ante la Árbitro que el reclamante recibió una carta sobre intención de despido en mayo de 2024. El 3 de junio de 2024 fue suspendido de empleo y no pudo regresar a sus labores.

14. En la audiencia ante el Secretario el patrono aclaró el hecho de que la investigadora Lcda. María Isabel Almodóvar Laborde, es una contratista independiente y no empleada de ATI como se expresó en la resolución. Aclarado el hecho, este argumentó que la Lcda. Almodóvar realizó una investigación donde entrevistó a varios empleados con conocimiento de los hechos incluyendo al director...

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