Sentencia de Tribunal Supremo, 213 DPR ___, (2024)
| Fecha de la decisión | 17 Junio 2024 |
| Número de expediente | CC-2023-0332 |
2024 DTS 062 BANCO POPULAR V. ZORRILLA POSADA, 2024TSPR062
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Banco Popular de Puerto Rico
Recurridos
v.
Laureano Zorrilla Posada; La Corporación Manny Dávila, Inc.
Peticionarios
Certiorari
2024 TSPR 62
213 DPR ___, (2024)
213 D.P.R. ___, (2024)
2024 DTS 62, (2024)
Número del Caso: CC-2023-0332
Fecha: 17 de junio de 2024
Tribunal de Apelaciones: Panel IV
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Miguel A. Canals Canals
Representante legal de la parte recurrida:
Lcda. Melisa Figueroa Castro
Materia: Derecho Registral – Concesión de una ejecución de hipoteca-
Resumen: Una nota aclaratoria del Registrador de la Propiedad, sin mediar consentimiento de las partes o una resolución judicial que ordene la corrección de un asiento, no puede tener el efecto de enmendar un error de cabida en un contrato hipotecario.
ADVERTENCIA
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2024.
En esta ocasión, nos confrontamos a la concesión de una ejecución de hipoteca por la vía sumaria a pesar de una incongruencia en la cabida de un terreno entre la documentación hipotecaria, otras constancias que le preceden en el Registro de la Propiedad (Registro) y la realidad física del inmueble. De acuerdo con los foros recurridos, la procedencia de tal remedio se fundamentó en una nota aclaratoria sobre la cabida consignada posteriormente por un Registrador de la Propiedad en la hipoteca inscrita, pues, a su juicio, esta tuvo el efecto de subsanar la inconsistencia.
Por consiguiente, corresponde a este Tribunal resolver, no solo si procede la sentencia sumaria en esta instancia, sino también si el error en cabida en la contratación hipotecaria inscrita era susceptible a ser subsanado mediante una nota aclaratoria posterior que hace referencia a una inscripción que le precede. Así las cosas, veamos el cuadro fáctico dentro del cual se desarrolló esta controversia.
I
La disputa ante nuestra consideración tiene su origen en una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca que instó el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) en contra del Sr. Laureano Zorrilla Posada (señor Zorrilla Posada) y Manny Dávila, Inc. (Corporación). En esta, el BPPR alegó que el señor Zorrilla Posada suscribió y emitió un pagaré hipotecario a favor de Doral Mortgage Corporation el 29 de agosto de 2003 por la suma de $84,500.00 con intereses al 6.95% anual, cuyo pago fue garantizado con una finca de 252 metros cuadrados ubicada en Río Piedras. Indicó que era el sucesor en derecho y tenedor del pagaré, y que el señor Zorrilla Posada había incumplido con los pagos mensuales, adeudando $44,472.80 del principal. Por lo cual, solicitó el pago de lo adeudado y la ejecución y venta en subasta pública del inmueble.
En su Contestación a demanda y solicitud de vista para nombramiento de defensor judicial, la Corporación, titular registral de la finca en cuestión, aceptó la mayoría de las alegaciones, pero objetó la aceleración del vencimiento y la cesión del pagaré.[1]
Luego de varios trámites procesales, la Corporación presentó una Moción en solicitud de desestimación de la causa de ejecución de hipoteca al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil y que se ordene la continuación de los procedimientos en cobro de dinero únicamente. Señaló que tanto la Escritura Núm. 259 como la Demanda describían el inmueble con una cabida de 252 metros cuadrados, pero que la Certificación registral de la finca contenía una observación del Registrador de la Propiedad que consignaba una cabida de 600 metros cuadrados en acorde con otra inscripción que precedía a la hipoteca, en específico, la novena inscripción sobre un caso de expediente posesorio. Argumentó que la ejecución no podía ser concedida según solicitada toda vez que había una diferencia de 348 metros cuadrados entre lo peticionado y la realidad física del inmueble, por lo que procedía desestimar lo relacionado con la ejecución de la hipoteca por tratarse de una escritura defectuosa.
En respuesta, el BPPR presentó una Moción de réplica en la cual sostuvo que la descripción de la finca en sus documentos era la misma que surgía de la Certificación registral, por lo que fue en esta sobre la cual se constituyó la hipoteca que, además, estaba debidamente inscrita. Añadió que la hipoteca se extendía al exceso de cabida, aun cuando este se hubiera hecho constar en el Registro con posterioridad a la inscripción.[2]
Así las cosas, el 6 de septiembre de 2019, el foro primario emitió una Resolución mediante la cual denegó la solicitud de desestimación solicitada por la Corporación. Determinó que la hipoteca que se pretendía ejecutar constaba inscrita en el Registro y que la descripción registral en la Escritura Núm. 259 era suficiente para distinguir el inmueble de cualquier otro.
Posteriormente, el BPPR instó una Solicitud de sentencia sumaria. Arguyó que no existía controversia real sobre hecho material alguno toda vez que se suscribió un pagaré, se inscribió la hipoteca en el Registro, se dejaron de emitir los pagos y no había duda sobre cuál fue la propiedad dada en garantía. Reiteró que el cambio de cabida no afectó el derecho de terceros y que tal corrección fue hecha por el propio Registro tras reconocer el error.
En su Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria, la Corporación reiteró que las inscripciones previas a la hipoteca demostraban que la cabida era de 600 metros cuadrados, por lo que las subsiguientes que indicaban una menor, incluyendo la inscripción dieciocho (18) de hipoteca en cuestión, violaron el tracto del Registro. Añadió que el pacto de colateral hipotecario fue solo por 252 metros cuadrados, pues el resto no fue considerado ni incluido como garantía de la obligación, por lo que el BPPR se enriquecería injustamente si se le concediera una extensión de terreno sobre la cual nunca se pactó y no solicitó originalmente. Argumentó, además, que existían múltiples controversias que obstaculizaban la resolución sumaria de la controversia, principalmente, si la anotación marginal del Registrador podía tener un efecto de enmienda sobre el asiento de la hipoteca con respecto a la cabida inscrita.
El 20 de octubre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia mediante la cual declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria del BPPR y ordenó la ejecución de la hipoteca. Determinó que el contrato hipotecario demostraba que la intención del señor Zorrilla Posada fue garantizar el pago de la deuda con la totalidad del inmueble y que la descripción registral detallaba la finca de forma tal que no había duda sobre su identidad, independientemente de la diferencia de cabida en la documentación.
Insatisfecha, la Corporación instó una Moción de reconsideración de sentencia. En esta, resaltó nuevamente la discrepancia entre la Escritura Núm. 259 por cabida de 252 metros cuadraros y el Registro con 600 metros cuadrados, siendo la primera la medida reclamada por el BPPR y la segunda la que finalmente se le concedió sumariamente sin prueba o vista a pesar de constituir el hecho material central de la controversia. Señaló que la aclaración del Registrador de la Propiedad corresponde a una orden judicial en un asiento diferente al de la contratación hipotecaria, la inscripción novena versus la decimoctava, por lo que no podía usarse para corregir error o defecto en algún otro asiento, mucho menos en uno tan posterior. Objetó que el foro primario hiciera determinación alguna con respecto a la intención del deudor cuando no se le había permitido comparecer y no había tomado lugar descubrimiento de prueba al respecto. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración.
Todavía disconforme, la Corporación presentó una Apelación ante el Tribunal de Apelaciones en la cual afirmó que persistía una discordancia en la descripción registral de la finca entre la Escritura Núm. 259 y el Registro. Indicó que ello hacía imposible que el Tribunal de Primera Instancia adjudicara la procedencia de la ejecución de la totalidad de la finca por la vía sumaria, pues la aclaración del Registrador no corrigió el tracto registral de la finca o enmendó el asiento. Negó que la doctrina de garantía de cabida según el Registro aplicara, pues el reconocimiento en la extensión de cabida por expediente posesorio precedía en inscripción a la contratación hipotecaria.
El 31 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que los señalamientos de la Corporación se trataban de controversias de derecho y que no existía controversia sustancial de hechos materiales que impidiera la resolución sumaria de la controversia. Determinó que de la Escritura Núm. 259 se desprendía la intención de las partes de gravar la totalidad de la finca y que la discrepancia en el exceso de cabida se trató de un error que fue aclarado por el Registrador de la Propiedad a través de las notas.
En desacuerdo, la Corporación presentó una Moción de reconsideración. Señaló que los 348 metros cuadrados adicionales que no fueron incluidos en el contrato hipotecario fueron producto de una Resolución en un caso sobre expediente posesorio por haberse ganado terreno a un mangle. Añadió que, contrario a lo señalado por el foro apelativo intermedio, no se trató de una accesión natural, mejoras, indemnización, expropiación forzosa o un aumento de cabida posterior a la inscripción. Además, rechazó que no existieran hechos en controversia, pues las partes divergían precisamente sobre cuál era la cabida...
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