Sigue la isla en emergencia

Una de las órdenes ejecutivas más recientes del gobernador Ricardo Rosselló Nevares extiende el estado de emergencia a la isla hasta fin de año, determinación que, por disposición legislativa, podrá repetirse hasta que finalicen las funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)."Lo que pasa es que, si bien es cierto que hay unas áreas que estamos despuntando y despegando, hay otras que requieren más ayuda y todavía están en una situación de emergencia", dijo el gobernador a El Nuevo Día, al justificar la extensión, que firmó el pasado 27 de junio.Para el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana, Carlos E. Ramos González, fijar períodos extensos de emergencia no solo le concede poderes "excesivos" al gobernante de turno, sino que también disipa la transparencia en el gobierno y abre las puertas para actos de corrupción."Los períodos de emergencia -y que no decir de las concesiones de inmunidad- lo que hacen es aumentar la opacidad, la oscuridad. Aumentan la falta de transparencia de un gobierno y de actos de corrupción", afirmó Ramos González.El experto llamó la atención sobre la inmunidad "civil, criminal o de otro tipo", que concede la Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (Ley 5) a todo funcionario como parte de sus ejecutorias en medio de la emergencia.Recalcó que esta situación que, de por sí es peligrosa, se agrava si se consideran las pesquisas en curso de las autoridades federales por supuesta corrupción en varias agencias de gobierno como Hacienda, Salud y Educación."El país tiene en estos momentos un serio problema de transparencia y de denuncias de corrupción", afirmó el catedrático.La Ley 46 de 2017, que enmendó el Código de Rentas Internas, también amplió los poderes del primer ejecutivo en término del período de emergencia, indicó el profesor."Ahí, prácticamente le dan carta blanca porque enmiendan la definición de período de emergencia. La enmiendan para disponer que -ahora- período de emergencia significa, desde que empezó la Ley 5 hasta que esté vigente Promesa y la Junta de Control Fiscal. Pero ese período de emergencia siempre es por períodos de seis meses a discreción del gobernador, por orden ejecutiva", sostuvo el catedrático."El problema con esto es que los amplios poderes que recibió el gobernador en la Ley 5, para todos los efectos convierten el período de emergencia en uno indeterminado a discreción del gobernador. Además, le da una inmunidad...

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