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Una 'solución' antidemocrática

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Vincent

WASHINGTON.- El organismo de control que se creó para imponer disciplina presupuestaria a Puerto Rico no tiene fundamento democrático, descansa en un patrón de abuso y discrimen racionalizado en la doctrina de los Casos Insulares y tiene su origen en el inconsistente y amplio poder que el Congreso federal ejerce para "encender o apagar" la Constitución de Estados Unidos en los territorios que posee.Se trata de un modelo de administración pública que -desde la aprobación de la ley Promesa- ha tenido consecuencias "materiales" en 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, pero que tampoco debiera existir en condados y ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos.Así podría resumirse la plática que tuvieron los participantes de un foro acerca de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebrado ayer en American University, justo en la víspera de la audiencia que llevará a cabo la Corte Suprema acerca de la constitucionalidad del organismo federal.La actividad fue organizada por las organizaciones Latino Students’ Association, de la American University, y la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, de la Universidad Interamericana.Allí, aunque con matices distintos, la abogada de Latino Justice Natasha Lycia Ora Bannan, el experto constitucionalista Carlos Gorrín Peralta y los representantes Enrique "Quiquito" Meléndez y Luis Vega Ramos dijeron que, con la imposición de la JSF, la calidad de vida de los puertorriqueños ha ido de mal a peor. Los panelistas también coincidieron en que el organismo fiscal es una flagrante muestra del régimen colonialista que Estados Unidos instauró en la isla hace una centuria, una situación política y humanamente insostenible a la que debe ponerse fin haciendo a un lado, en definitiva, la doctrina de los Casos Insulares."No hay algo así como una transacción financiera regular cuando se trata de deuda pública", dijo Bannan, al señalar que no puede perderse de vista que el cuadro de insolvencia de Puerto Rico fue propiciado por las mismas entidades financieras de Wall Street que crearon la crisis financiera de 2008 y que se han aprovechado de las trabas económicas de emisores de deuda soberana y en Estados Unidos.Según Bannan, cuando se trata de la deuda pública, ese tema es un asunto estrechamente vinculado con los derechos humanos, como se ha reconocido en el derecho internacional, lo que se ha aplicado en el caso de Puerto Rico."Una sola rama de gobierno no puede tener poder absoluto", dijo...

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