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El Supremo decidirá quién gobernará

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Vincent

La legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador ha quedado en manos del Tribunal Supremo, ente que acogió ayer un pleito radicado por el Senado para cuestionar la constitucionalidad de la ley que usó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para nombrar a su sucesor.El máximo foro judicial estableció como plazo hasta hoy al mediodía para que, tanto el Senado como el gobierno -representado por el Departamento de Justicia- y Pierluisi como gobernador juramentado, presenten sus argumentos a favor o en contra de la constitucionalidad de la Ley 7 de 2005.Esta ley enmendó legislación de 1952 para establecer la línea de sucesión en caso de una vacante en el puesto a la gobernación, y añadió un inciso que podría permitirle a un secretario de Estado sin confirmar ocupar la gobernación permanentemente. La pieza tiene visos de inconstitucionalidad, según expertos en Derecho Constitucional."Aunque es lamentable que este asunto tenga que dilucidarse en nuestros tribunales, espero que sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico", expresó Pierluisi en declaraciones escritas."El pueblo puede estar tranquilo que me ocuparé de que el gobierno siga cumpliendo su misión sin interrupción o dilación", añadió.Pierluisi fue nombrado secretario de Estado la semana pasada, durante el receso legislativo, y solo fue confirmado -en sesión extraordinaria- por la Cámara de Representantes. La Constitución establece que un nominado a ese cargo debe tener el aval de ambos cuerpos legislativos.De acuerdo a la demanda presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no requerir la confirmación de la Cámara alta "contraviene frontalmente, no solo la Ley 7 de 2005, sino la propia Constitución de Puerto Rico"."Dicha actuación usurpó de manera flagrante las prerrogativas constitucionales del Senado. Como corolario de ello, y en la alternativa que se considere correcta dicha interpretación, procedería, entonces, declarar la inconstitucionalidad de la Ley 7-2005", añade el recurso.aparece jenniffer gonzálezLa comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, ayer también indicó que le toca al Tribunal Supremo decidir la controversia política.González evitó contestar directamente si considera que Pierluisi usurpó el poder al juramentar a la gobernación."Esto va a ser un asunto que van a resolver los tribunales del país. Nada va a abonar que el liderato político genere más controversia sobre una...

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