Surge ficha de negociación con la Junta

El gobernador Ricardo Rosselló fue extremadamente cauteloso y parco ayer al hablar del resultado del diálogo con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y no confirmó ni descartó que la eliminación de la Ley 80 por despido injustificado sea pieza clave en las negociaciones en curso para acordar un presupuesto.

“Nosotros estamos dejando las discusiones abiertas. No vamos a tocar ningún asunto sobre ello ahora mismo y, por lo tanto, tan pronto culminen esas conversaciones, las estaremos divulgando”, aseveró el primer ejecutivo al finalizar una rueda de prensa en La Fortaleza.

Además, al finalizar una reunión con el Ejecutivo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tampoco descartó que la Ley 80 pueda ser derogada, como exige la JSF. “Eso es parte de lo que se va a discutir con detenimiento. Así que, cuando tengamos toda la información que estamos intercambiando, sabremos en dónde coincidimos, en dónde no coincidimos, en dónde no se puede ceder, en dónde se pueden hacer unos ajustes de un lado y de otro. Todos los datos están discutiéndose y proveyéndose la información”, dijo.

Rivera Schatz y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se reunieron ayer con el gobernador, horas antes de que Rosselló salga rumbo a Nueva York.

Hoy Rosselló viajará hacia Nueva York para reunirse con los miembros de la JSF con la expectativa de “llegar a un acuerdo”. Fuentes de este diario aseguran que la JSF estaba inclinada a hacer concesiones en las demás exigencias en el plan fiscal y el presupuesto si Rosselló acepta legislar la eliminación inmediata de la Ley 80. En su propuesta de reforma laboral, Rosselló proponía eliminar la Ley 80 de manera escalonada y el estatuto quedaría sin efecto luego del siguiente ciclo electoral. El mandatario proponía, en paralelo, aumentar el salario mínimo.

En aras de ganar adeptos a la propuesta reforma laboral, diversos líderes del sector privado, bajo condición de anonimato, dijeron haber recibido pedidos desde La Fortaleza para que favorecieran públicamente la reforma laboral.

La JSF, sin embargo, estableció que el estatuto se elimine para dar paso al empleo a voluntad y condicionó los aumentos en el salario mínimo a que aumente la tasa de participación laboral hasta rebasar el 50%.

Rosselló objetó el pedido de la JSF solo cuando el organismo pidió que la Ley 80 se eliminara con efectividad inmediata y puso condiciones al aumento en el salario mínimo. Utilizando datos históricos, El Nuevo Día...

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