Swain avala el poder de la Junta Fiscal

El presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) prevaleció ayer con la determinación de la jueza Laura Taylor Swain en la que desestima los principales argumentos del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su demanda contra el organismo federal, incluyendo la usurpación de poderes que alegaba el mandatario.De inmediato, el gobernador y los líderes legislativos afirmaron que analizarán con sus abogados la posibilidad de apelar la decisión de la jueza Swain en el Primer Circuito Apelativo de Boston.Si la decisión de Swain se mantiene como final y firme, este sería el segundo presupuesto que impone la JSF por encima de la voluntad expresa de gobernador. La JSF, por la fecha de su formación, no llegó a intervenir con las recomendaciones presupuestaria del antecesor de Rosselló Nevares, Alejandro García Padilla.El nuevo escenario implica que la administración Rosselló tendría que adoptar un presupuesto que no cuenta con fondos asignados para el bono de Navidad de los empleados públicos puesto que no hay una partida específica para cubrir ese desembolso en el presupuesto certificado por la Junta. A nivel operacional, el panorama conlleva la implantación de una programación de gastos que el Ejecutivo ha objetado desde el propio proceso de discusión presupuestaria.Por ejemplo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá solo $618,000 para sus gastos de funcionamiento, la inversión en los sistemas de contabilidad del gobierno se reduce a la mitad ($25.5 millones) en comparación con lo que recomendó el mandatario y la Policía tendrá $25 millones para atender sus gastos, situación que podría dejar las patrullas sin combustible, según ha advertido el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.Estas objeciones del Ejecutivo ocurren a pesar de que la asignación de ingresos y gastos aprobadas por la JSF es $48 millones mayor a la que aprobó la Asamblea Legislativa y el gobernador.La decisión judicialLa demanda que presentó la Asamblea Legislativa contra la JSF, con argumentos similares a los esbozados por el mandatario, fue desestimada en su totalidad.Mientras, la demanda del gobernador sufrió un revés en sus principales argumentos.Swain, quien preside los casos de bancarrota bajo el Título III de la Ley Promesa, específicamente denegó el pedido de interdicto y de sentencia declaratoria que el gobernador solicitó a los efectos de que se reconozcan como recomendaciones las determinaciones de política pública contenidas en el plan...

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