“Tenemos que tener exención total”
Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la postura de Puerto Rico sobre la reforma contributiva federal debe proteger la base económica de la isla más allá de cualquier otra consideración política o ideológica.
Insistió en que las versiones de reforma federal, como están contempladas, implican un rápido declive de la economía estatal vapuleada por la recesión que se vive desde el 2006 y el paso catastrófico del huracán María.
Y aunque en conversaciones directas con los senadores y representantes estadounidenses se reconoce que la reforma contributiva federal debe proveer un trato especial para Puerto Rico, dadas las circunstancias actuales, “algo pasa que no mueve la aguja”.
“Hoy por hoy, Puerto Rico no está incluido. Si Puerto Rico no es incluido, el efecto es devastador para nuestra economía”, dijo Rosselló Nevares, en una entrevista de cara a la reunión de hoy en la que una buena parte del liderato gubernamental discutirá la postura sobre la reforma de impuestos estadounidenses.
Actualmente, para Estados Unidos, la isla es una jurisdicción foránea en materia contributiva. Por eso, los individuos y las empresas en Puerto Rico no tienen que pagar contribuciones sobre ingresos federales. Sin embargo, para efectos aduaneros, Puerto Rico sí es considerado como parte de Estados Unidos.
El 42% de la economía puertorriqueña depende exclusivamente de las fábricas de las empresas multinacionales, que operan bajo el esquema tributario del Controlled Foreign Corporation (CFC). Estas fábricas, bajo las propuestas contributivas que se discuten en el Congreso, tendrían que pagar, por mucho, más impuestos que en la actualidad por las ventas que se hacen en EE.UU. de los productos que se fabricarían aquí.
De hecho, en principio, los proyectos de reforma lo que buscan es que alterar los costos de producción, de modo que sea más caro para las multinacionales estadounidenses llevar su producción industrial a jurisdicciones en el extranjero, como es Puerto Rico para efectos contributivos.
Rosselló Nevares indicó que la postura de su administración, que es avalada por la Asociación de Industriales y la mayoría de los alcaldes, es que a Puerto Rico no le aplique el impuesto de 20% sobre las ganancias generadas con la venta en EE.UU. de productos manufacturados en el exterior que se propone en la Cámara de Representantes estadounidense. La propuesta aprobada en el Senado de EE.UU., en cambio, establecería un tributo de 12.5% sobre los ingresos que se le...
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