Testigos de Jehová defienden que las calles son públicas

Por Cynthia López Cabán

cynthia.lopez@gfrmedia.com

Esta pregunta constituyó el eje del debate ayer durante una vista oral que celebró el Tribunal Supremo para atender una petición de Certificación Interjurisdiccional de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico.

La interrogante surgió luego que el juez federal Gustavo Gelpí emitió una orden para que los residentes de las urbanizaciones cerradas con controles de acceso permitan entrar a sus predios a los Testigos de Jehová a predicar.

Sin embargo, la urbanización Brighton Country Club en Dorado rechazó la orden federal alegando que no le aplica porque las calles de este complejo residencial son privadas.

Establecida la controversia, la curia escuchó las argumentaciones iniciales de la licenciada Nora Vargas Acosta, quien representó al Watchtower Bible Tract Society of New York y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y del licenciado Héctor Rivera Cruz, quien representó al Municipio de Dorado.

Cada parte se dirigió a los jueces del máximo foro judicial del País en un turno de 25 minutos.

Acompañada por los abogados Erica Fontánez y Paul Polidoro, Vargas Acosta argumentó que las calles en Puerto Rico son públicas y que la petición de control de acceso de la urbanización constituía una confirmación de dicha condición de espacio público.

"Esa Ley de control de acceso otorga el permiso pero dejando claro que no constituye la privatización de las calles", apuntó Vargas Acosta. Reiteró que en la Isla no hay calles residenciales privadas conforme al derecho vigente.

"Lo que se le pide al tribunal es que diga que no es posible (tener una calle privada) según el ordenamiento y el derecho vigente", afirmó la letrada ante un salón repleto de abogados, abogadas y ayudantes jurídicos.

Subrayó que el acuerdo entre la urbanización y el ayuntamiento estableciendo que las calles del lujoso complejo residencial doradeño son privadas es contrario a la ley y nulo. El ayuntamiento, a juicio de la abogada, se excedió en sus facultades al traspasar sus poderes a la urbanización privada.

Durante la argumentación de Vargas Acosta la jueza Anabelle Rodríguez realizó un planteamiento que repitió varias veces durante la vista, que se extendió unas dos horas.

Rodríguez cuestionó la necesidad de que el Tribunal Supremo emitiera una opinión consultiva si en el escenario de que resolviera que en la Isla hay calles privadas, el Tribunal federal todavía podía determinar que el derecho a la libertad de...

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