La política pública de acceso a la justicia y la población de personas de edad avanzada en los tribunales de Puerto Rico: a la búsqueda de las claves para una intervención interdisciplinaria
| Autor | Andrés M. Negrón Landrón |
| Páginas | 96-121 |
Tomo VIII Revista de Estudios Críticios del Derecho 96
La política pública de acceso a la justicia y la población
de personas de edad avanzada en los tribunales de Puerto
Rico: a la búsqueda de las claves para una intervención
interdisciplinaria
Andrés M. Negrón Landrón230
“Los espejos están llenos de gente. Los invisibles nos ven.
Los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vemos, los vemos.
Cuando nos vamos...¿Se van?”
Eduardo Galeano231
I. Introducción
Al formular su plan estratégico para el periodo 2007-2011, la
Rama Judicial de Puerto Rico tomó en cuenta la encomienda
constitucional que le ha sido impuesta y el reclamo social de un
orden justo. Ordenó además mediante este plan sus prioridades
bajo cinco áreas medulares o imperativos estratégicos232. Entre
estos imperativos se destaca el que se plantea “[garantizar] el
Acceso a la Justicia 233 .” Ello es congruente con la visión
formulada sobre los tribunales para el siguiente lustro en dicho
documento. Dicha visión expresa al inicio de su enunciado que la
“… Rama Judicial será accesible a toda persona” y especifica que
230 Estudiante de segundo año en la Facultad de Derecho de la U niversidad
Interamericana de Puerto Rico.
231 Espejos: Una Historia casi Universal (Siglo XXI 2009).
232 “Los imperativos estratégicos son grandes compromisos que adquiere la
organización frente a sus públicos o frente a ella misma, los cuales se
convierten en mandatos organizacionales para alcanzar a través del tiempo.”
Alcaldía de Santiago de Cali, Direccionamiento Estratégico – Tecnologías de
Información – Taller 6 (accedido en 7 de octubre de 2011 en
http://www.cali.gov.co/publico2/cto/documentos/Taller6.pdf).
233 Tribunal General de Justicia. Obra de Justicia – Plan Estratégico de la Rama
Judicial de Puerto Rico 2007-2011, pág. 9.
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con ello pretende “[proveer] acceso a toda persona a los tribunales.
[Educar] y [orientar] a la ciudadanía sobre los procesos judiciales
[y asegurar] que tenga la debida representación legal cuando
comparezca ante los tribunales como parte de un litigio.”234
Por otra parte, tanto el susodicho imperativo estratégico como
los otros cuatro se proyectan, según se consigna en el propio
documento, hacia el largo plazo. En consecuencia, del proceso de
formulación del plan se identificaron varias tendencias y
escenarios posibles que “impactarán la naturaleza de las
controversias que la ciudadanía litigará en los tribunales, definirán
el tipo de p oblación a la que servirá Rama Judicial e influirán en
las expectativas que la ciudadanía tendrá de ésta”235. La primera
tendencia que enumera el documento es el envejecimiento y
mayor longevidad de la población236. Se deriva explícitamente de
ahí la necesidad de repensar muchos aspectos sobre la forma en
que se ha administrado la justicia en Puerto Rico y a formular
nuevos enfoques y estilos que permitan la evolución de los
servicios que se brindan a la ciudadanía237.
Como corolario de lo anterior y al tomar en cuenta ambos
elementos mencionados (la aspiración de garantizar el acceso a la
justicia y la tendencia en el crecimiento de la población
envejeciente), indefectiblemente tenemos que plantear las
siguientes interrogantes: ¿cuál es el contenido específico de dicha
política y cómo se ha configurado?, ¿qué desarrollos previos al
citado Plan Estratégico han condicionado el concepto de acceso a
la justicia? (o sencillamente, ¿qué quiere decir “acceso a la
justicia”?). Además, ¿cuál es la pertinencia específica de la
política sobre acceso a la justicia con la tendencia citada
(envejecimiento de la población), más allá de lo que
evidentemente podría derivarse de su simple proclamación? y
¿cómo puede ello asistir en el desarrollo de unas guías o una “hoja
234 Id. pág. 17.
235 Id. pág. 13 (énfasis nuestro).
236 Id. (subrayado nuestro).
237 Id.
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