Torres Zayas V. Montano Gómez, 2017 T.S.P.R.202
| Autor | Ruth E. Ortega-Vélez |
| Páginas | 358-362 |
Suplemento: Síntesis de Jurisprudencia–Procedimiento Civil
358
pasarle alimentos a su hijo son parte de los alimentos de ese hijo. La obligación
alimentaria incluye el pago de una partida para cubrir los honorarios de abogado.
A tales efectos, procede la imposición de los honorarios de abogado a favor de
los menores en una acción para reclamar alimentos, sin la necesidad de que actúe
con temeridad el demandado al defenderse de la reclamación.
Por otro lado, la parte peticionaria aduce que la partida por concepto de
honorarios debe pagarse a su representante legal directamente. Los honorarios
de abogado no pertenecen al abogado, sino al litigante, quien dará a la cuantía
concedida por ese concepto el destino que desee. De ahí, que la parte peticionaria
tiene derecho a reclamar y a recibir una partida razonable por honorarios, sobre
todo, si efectivamente quiere destinarlos a satisfacer las facturas que por tal
concepto le presentó su representante legal en ese tiempo. Es decir, una parte que
haya tenido que incurrir en gastos para reclamar lo que, a fin de cuentas es un
derecho, tiene el mismo derecho a recuperar lo que gastó.
El Art. 22 de la Ley de Sustento de Menores provee para la imposición de
honorarios de abogado a favor del alimentista en procedimientos para la fijación,
modificación o para hacer efectiva una orden de pensión alimentaria, cuando este
prevalezca. Incluso, aunque el alimentista esté representado por una organización
de asistencia legal a indigentes, tiene derecho a reclamar una partida por
honorarios de abogado.
El concepto de alimentos que describe el Art. 142 del Código Civil cubre los
honorarios de abogado o la litis expensa de la causa de acción incoada para
reclamarlos, sin que fuese necesario que el demandado actuara con temeridad al
defenderse en el caso. El criterio indispensable para conceder los honorarios de
abogados no es que efectivamente el alimentista los haya desembolsado
previamente a un abogado. El criterio rector es compensar las dificultades que
sufre el alimentista al tener que reclamar judicial o administrativamente los
alimentos a quien tiene la obligación moral y legal de suministrarlos.
TORRES ZAYAS V. MONTANO GÓMEZ,
2017 T.S.P.R. 202 (COLÓN PÉREZ)
Requisitos para un Emplazamiento Correcto a la Sociedad de Gananciales.
Hechos: En 2010, el señor Héctor M. Torres Zayas, su esposa, la señora
Natascha Del Valle Galarza, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales
compuesta por ambos presentaron una demanda en cobro de dinero en contra
del señor Jesús M. Montano Gómez, su esposa, Fulana de Tal, y la Sociedad
Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. El matrimonio Torres-Del
Valle alegó haber suscrito un contrato titulado “Acuerdo de Compraventa de
Derechos y Acciones” con el señor Montano Gómez, mediante el cual este
último se obligó a pagarle la cantidad de $700,000.00, más intereses al 5% anual,
en un plazo vencedero el 31 de enero de 2009, ello por concepto de cierta
transacción de compraventa de bienes muebles. En su demanda, – por
considerarla una deuda líquida, vencida y exigible–, reclamaron el pago de la
referida cantidad de dinero, los intereses que se acumularen hasta el pago total
de la misma, más los honorarios de abogado.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba