Truenan contra las influencias indebidas en el gobierno

Luego de que diferentes juristas del patio resaltaran la posibilidad de que cabilderos allegados al gobernador Ricardo Rosselló pudieron haber obtenido acceso a información privilegiada, el capítulo puertorriqueño de la Asociación de Contratistas Generales (AGC, por sus siglas en inglés) condenó estas prácticas por su posible impacto a los casi 46,000 empleos en la industria de la construcción, el ambiente de hacer negocios y los servicios esenciales en la isla.Su presidente, Alejandro Abrams González, rechazó enérgicamente "las influencias indebidas, las ventajas y beneficios ilegales y toda modalidad de corrupción en los procesos de contratación pública", durante la última reunión del colectivo de 300 contratistas locales responsables por casi el 80% de la construcción en la isla.Asimismo, la AGC hizo una serie de recomendaciones que considera imperativas para que el gobierno de Puerto Rico recobre la confianza del gremio, entre las que se destacan prohibir que el gobierno contrate con entidades jurídicas recientemente creadas y el pago de honorarios contingentes por asesorar, gestionar y obtener contratos gubernamentales.En entrevista con El Nuevo Día, el también vicepresidente de Desarrolladora JA, lamentó que el gobierno no aplicará los mismos estándares de transparencia en todos sus procesos."Nuestras subastas siempre son abiertas. Para participar de ellas, tienes que cumplir con los requisitos de fianza y otros requisitos especiales en cada agencia que contrata, en comparación con los servicios profesionales que siempre se prestan para lo que estamos viendo en el país ahora mismo", dijo.Incluso, el contratista...

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