Urgencia fiscal que pocos entienden
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La controversial propuesta, empero, toca a las puertas del sector privado y de Puerto Rico, porque sus distintos grupos o sectores de interés no han entendido la urgencia de encausar un ajuste fiscal y asegurar que la economía crezca.
Así piensan los economistas Juan Lara y Orlando Sotomayor, quienes, aunque en lados opuestos en torno al impacto del IVU en los servicios B2B, coinciden en que la Isla todavía atraviesa por un proceso de ajuste fiscal que se hará más difícil cuanto más se postergue.
"El B2B a los servicios es un impuesto para salvar al país de una crisis financiera. De ahí es que nace esto", dijo el economista Juan Lara a El Nuevo Día. Lara, quien hace unos seis meses dijo a El Nuevo Día que el país tendría que encarar aumentos en impuestos y tarifas de utilidades públicas, sostuvo que los efectos de una degradación serían por mucho más prolongados y devastadores que aquellos que cause la nueva imposición.
"Es como preocuparse por una picada de mosquito cuando hay un toro que viene a embestir", prosiguió el catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.
Lara asesora al Departamento de Hacienda en el tema. Específicamente, Lara ha analizado el impacto económico de la nueva disposición contributiva, aunque no participó de su diseño.
Si se aprueba el proyecto cameral 1073 sin cambios (y de acuerdo con el presupuesto recomendado), a partir del fiscal 2014, la mitad de los ingresos del IVU saldrían de los servicios B2B. Por ello, el sector empresarial ha dicho que no está dispuesto a aceptar otra carga de tal magnitud.
Según Lara, el IVU en los servicios B2B supone más ingresos al Fondo General y menos impacto al consumidor que aplicar el IVU a los medicamentos recetados o los alimentos.
Si se necesita tanto dinero, ¿por qué el Gobierno propone bajar el IVU a 6.5%?
"Las autoridades gubernamentales querían dar a la gente ese beneficio. No es un asunto técnico, sino la preferencia de los gobernantes", dijo.
El economista recordó que el proyecto que se radicó para allegar $1,440 millones al nuevo presupuesto también incluye otras disposiciones. Entre estas, el tope en deducciones por intereses hipotecarios y la sobretasa a individuos con ingresos mayores de $200,000. Por otro lado, se creó un impuesto a las "megatiendas" y se modificó el arbitrio a las foráneas. Esta última disposición, a ser pagada por el sector industrial, supone además otros...
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