Va para largo la incertidumbre fiscal en la isla

Aunque el fallo judicial que estableció la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cobraría vigencia en mayo próximo, la incertidumbre que arropa las finanzas públicas y el proceso de reestructuración de la deuda pública podría extenderse hasta finales de año si la Corte Suprema de Estados Unidos decide acoger la controversia.Según el abogado de quiebras, John Mudd, la decisión de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) de solicitar una reconsideración al pleno del Primer Circuito de Apelaciones puede tener el efecto de dejar en suspenso el plazo de 90 días que ese foro otorgó al gobierno federal para corregir la inconstitucionalidad de la JSF."Puede que no se vea una resolución hasta finales de año", dijo Mudd a los integrantes de la Asociación de ExAlumnos de la Facultad de Administración de Empresas (AFAE) que se dieron cita a su reunión mensual en el Condado.Según Mudd, el fallo del Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, podría tener ramificaciones tanto financieras como en la situación jurídico-política de Puerto Rico.El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que los integrantes de la JSF son oficiales principales federales de Estados Unidos. Por ello, estos debieron pasar el cedazo del Senado federal, pero la ley federal Promesa estableció un proceso de nombramientos contrario a la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense. El foro apelativo federal dio a la Casa Blanca unos tres meses para corregir la situación, sea nombrando un nuevo cuerpo directivo o designando formalmente a los actuales integrantes de la JSF.La semana pasada, la Utier -una de las partes que cuestionó con éxito la legitimidad de la JSF- pidió que el pleno de ese foro apelativo reconsidere su fallo y suspenda de inmediato las operaciones de la entidad fiscal federal.La JSF, por su parte, ha informado que acudirá a la Corte Suprema, pero no ha formalizado su intención.De acuerdo con Mudd -quien ha seguido el desarrollo de Promesa y los múltiples litigios asociados a los casos de Título III de la isla- el fallo de Boston deja en el tintero el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Recordó que el año pasado, la JSF reveló en corte que contemplaba trabajar para este año un plan de ajuste del gobierno central que buscaría imponer sus términos a todos los acreedores, lo que se conoce como "cram-down".Un plazo que no es factibleDe igual forma, de acuerdo...

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