Velez V. Depart. De Educación Y Otros 2016 T.S.P.R. 2
| Autor | Dra. Ruth E. Ortega-Vélez |
| Páginas | 49-50 |
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Programa de Educación Especial.
Controversia: Si los foros recurridos erraron al determinar: (1) no reconocer como reclamantes en daños y perjuicios a los padres, madres y encargados de niños y niñas registrados en el Programa y; (2) no reconocer la inferencia causal entre la negligencia admitida por el Estado y los daños reclamados.
Decisión del Tribunal Supremo: Revoca parte de la Sentencia de T.A. por medio de la se excluyó a los padres, madres y encargados de niños y niñas en el Programa de Educación Especial. Se revoca aquella parte de la Sentencia emitida por el T.A. por medio de la cual se excluyó a los padres, madres, y encargados de niños y niñas registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación como partes reclamantes en el pleito de daños y perjuicios contra la parte recurrida. Se devuelve el caso al T.P.I. para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Opinión Particular emitida por el Juez Asociado Sr. Estrella Martínez:
La controversia presente se originó hace más de tres décadas. Entretanto, de acuerdo con el Juez Estrella Martínez, "miles de niños y niñas con necesidades educativas especiales, conjuntamente con sus padres, madres y encargados, aún esperan porque finalmente se les haga justicia, se atiendan sus reclamos y se les otorgue un remedio a sus necesidades apremiantes. En esa larga odisea judicial, los padres, madres y encargados de esos niños y niñas acuden a las puertas de este Tribunal en un intento por vindicar tanto sus derechos como los de estos últimos".
El caso de autos se remonta al 14 de noviembre de 1980, cuando la Sra. Rosa Lydia Vélez y otros padres, madres y encargados de estudiantes que requerían los servicios de educación especial (demandantes o peticionarios) incoaron, por sí y en representación de estos últimos, una demanda de injunction y daños y perjuicios contra el Estado, alegando que el Estado estaba incumpliendo con los estatutos federales y estatales que le obligan a proveer educación especial y ciertos servicios a los estudiantes con necesidades educativas particulares. Entre otras cosas, solicitaron la certificación del pleito como uno de clase, a la vez que reclamaron indemnización por los daños ocasionados por el Estado.
El 10 de septiembre de 1981, el T.P.I. certificó la acción interdictal como un pleito de clase. El 27 de mayo de 2003, el foro primario adjudicó de forma final el interdicto solicitado y concedió un remedio...
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