Otra vez el acceso a la justicia

EFRÉN RIVERA RAMOS

CATEDRÁTICO DE DERECHO

El acceso a la justicia se refiere al conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos o personas puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos establecidos para la prevención de la violación de sus derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios legales. Involucra, en el fondo, la realización material del principio de la igualdad.

No es de extrañar, pues, que el Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclame: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".

La cuestión tiene muchas dimensiones. La primera, la falta de recursos. Ordinariamente son los pobres los que más dificultades enfrentan para que los tribunales atiendan sus asuntos. Las carencias materiales de los sistemas de justicia también inciden. Recuerdo la contestación de un juez haitiano cuando le pregunté qué podíamos hacer para facilitar el trabajo de los tribunales en su país: "Primero que nada, envíennos copias suficientes del Código Civil de Haití, pues muchos de nosotros tenemos que aplicar la ley de memoria".

La forma en que está organizado el mercado de servicios legales es otro factor. El litigio cuesta. Y quienes menos recursos ostentan, menos posibilidades tienen de obtener representación legal adecuada. Por ello es tan importante apoyar a organizaciones como la Sociedad de Asistencia Legal, la Corporación de Servicios Legales y las clínicas de las escuelas de Derecho, que se ocupan, sin dar abasto, de proveer esa representación. Sin embargo, hasta que la profesión jurídica en su totalidad no se decida a asumir plena responsabilidad por esta deficiencia, la situación no se subsanará sustancialmente.

Hay obstáculos estructurales, que tienen que ver con la forma en que se organiza el sistema de justicia, la eficiencia administrativa, la naturaleza y complicación de los procedimientos y la falta de información en torno a los...

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