La vida laboral sin la Ley 80

 
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La doctrina del empleo a voluntad, el nuevo terreno de juego que se establecería en Puerto Rico si se deroga la Ley 80, es vista con buenos ojos por las empresas porque, de un plumazo, los patronos pueden -salvo que medien contratos o convenios colectivos- disponer de su plantilla laboral con relativa facilidad.

Para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y también para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares flexibilizar las normas del trabajo en un territorio en quiebra es necesario para lograr que más personas trabajen, crear más empleos en la isla y mejorar la competitividad de las empresas. Se trata de reformas estructurales que son inaplazables.

“Ninguna de estas reformas o medidas es más crítica que la reforma laboral para mejorar la históricamente pésima tasa de participación laboral”, reza la nueva versión del plan fiscal que los miembros de la JSF certificaron el pasado 30 de mayo de manera unánime.

En síntesis, la JSF y el gobernador acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, pero solo durante la vida del plan fiscal a cinco años, el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad.

En dólares y centavos, según estimados que Rosselló Nevares compartió en su cuenta de Twitter, se pondrá fin al marco institucional laboral que ha prevalecido en Puerto Rico desde 1976, a cambio de que el gobierno pueda gastar anualmente, en promedio, unos $255 millones más durante la vida del plan fiscal.

Desde la macroeconomía, el gobierno y la JSF alegan que derogar la Ley 80, junto a otras medidas, es clave para reavivar la economía de la isla.

Pero en la práctica, según entrevistados, las prerrogativas que tendrán los patronos bajo el llamado “employment at will” no son tan amplias como se alega. Además, a corto plazo, documentos de la JSF y literatura en el tema, aceptan que al modificar las protecciones al trabajo, podría haber más desempleo en una economía que lleva 12 años en contracción.

Flexibilidad con límites

“Eliminar la Ley 80 no será la panacea”, sostuvo Natalia Colón Díaz, presidenta de la Asociación de Profesionales en Relaciones Laborales de Puerto Rico (APRL).

Según Colón Díaz, quien asesora a empresas en temas laborales, con la derogación de la Ley 80, las empresas estarán obligadas a invertir más en la administración del recurso humano.

La abogada explicó que los patronos estarán llamados a seguir al dedillo sus procedimientos internos, cumplir con procesos de adiestramiento al personal y similares, lo que implica...

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