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Violencia estructural

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JOSÉ A. GANDÍA PABÓN

Profesor universitario

Algunos datos presupuestarios disponibles en www.presupuesto.pr.gov indican que los recursos humanos de Familias y Niños redujeron personal de 3,209 a 2,240. Un 30% menos. Los servicios brindados sufrieron una baja de 24,700 a 18,070, o sea, un 27% menos. Curiosamente los contratos por servicios profesionales entre 2009-2012 revelan inconsistencia y un desmedido aumento: $ 2,046, $ 1,739, $ 103 y para el actual presupuesto $ 3,639.

Si a la información anterior le añadimos el problema, actual, del Fideicomiso de los Niños en el cual los dineros destinados al desarrollo de programas de prevención de la violencia (Ley 177 del 2003, art. 14) se encuentran secuestrados hasta el año 2045, entonces, no nos puede extrañar las 30,200 querellas sin atender por ADFAN.

Todo esto sucede en un país en el que el Gobierno produce las condiciones para que prolifere el desempleo y la dependencia, circunstancias que son causas directas de la economía subterránea y el narcotráfico...

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