Cautela con la quiebra federal

WASHINGTON.- Al cerrar los trabajos de mañana, el Congreso se irá a su receso de primavera -que se extiende hasta mediados de abril-, sin tenerse aún claro si la mayoría republicana de la Cámara baja le despejará el camino al proyecto que impulsa ofrecer a empresas públicas de Puerto Rico que queden insolventes el marco de la ley federal de quiebras.

Aunque el jefe del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, el republicano Robert Goodlatte (Virginia), sigue sin soltar prenda sobre qué hará con la medida, el presidente del subcomité que examinó la legislación piensa que el proyecto de ley puede superar las dudas de sectores republicanos y las objeciones de firmas de inversiones.

“No he escuchado nada negativo” en la comisión, dijo ayer el republicano Tom Marino, presidente del subcomité de Reforma Regulatoria, Derecho Comercial y Antimonopolio y quien encabezó la audiencia de hace un mes en la que se discutió el proyecto 870 del comisionado residente Pedro Pierluisi

Marino es uno de tres republicanos que en la audiencia pública del 26 de febrero expresó que debe examinarse si el proyecto debe ser o no retroactivo, ante el argumento de las firmas de inversiones Franklin Mutual y Oppenheimer Funds de que sus clientes compraron bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el entendido de que a Puerto Rico no le aplicaba el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

“Tienen que haber asuntos por debatir, pero los podemos superar”, sostuvo Marino, al responder preguntas de El Nuevo Día durante un receso de una jornada de votaciones en el Comité de lo Jurídico.

Si la medida se aprobara con vigencia prospectiva, para todos los efectos se cancela la intención de beneficiar a las empresas públicas de Puerto Rico que ahora arrastran miles de millones de dólares en deuda y puedan quedar insolventes. El proyecto de ley tiene el propósito de crear un proceso ordenado para la reestructuración de corporaciones públicas, pensando especialmente en la AEE, que tiene una deuda de cerca de $9,000 millones.

Lo ideal, reconoce el propio comisionado Pierluisi, es que la legislación esté aprobada este semestre para que pueda servirle de escudo a la AEE.

Mañana en Nueva York, la AEE tendrá una reunión con bonistas a los que les ha pedido atrasar más pagos que totalizan $696 millones.

En el camino, está otro pago de $400 millones que se tiene que hacer a los bonistas el 1 de julio.

En la audiencia del 26 de febrero, el abogado Thomas Mayer, del bufete Kramer...

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