Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Opinión Nº 2014-13 de Departamento de Justicia

    Validez de las Reglas 3 y 4 - Reglas para la Organización y el Funcionamiento Interno de la Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA y la Judicatura. Se concluye que los Presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes son miembros natos de la Junta de Síndicos. Por tanto, la Junta como ente regulador de la Ley Núm. 447, puede válidamente reconocer la naturaleza de estos miembros y extenderle los mismos derechos y prerrogativas que la ley y los reglamentos establecen para los demás miembros natos.

  • Opinión Nº 2014-15 de Departamento de Justicia

    Se consulta sobre el alcance de la Ley Núm. 82-1995, la cual excluye del requisito de licenciamiento del Consejo de Educación de Puerto Rico a las Iglesias-Escuela, estableciendo en cuanto a éstas una regulación específica y diferente a la de las demás instituciones educativas. Se concluye que estas escuelas no están excluidas de los requisitos de licenciamiento.

  • Opinión Nº 2014-17 de Departamento de Justicia

    Consulta sobre si la Junta de Gobierno del 9-1-1 puede adquirir bienes inmuebles. Se concluye que la Junta de Gobierno del 9-1-1 tiene la facultad en ley para adquirir bienes inmuebles, mediante préstamos con o sin garantía hipotecaria. El Artículo 4(f) de la Ley Núm. 144 faculta a la Junta para efectuar ese tipo de transacción, pero debe asegurarse que la misma se lleve a cabo de acuerdo a las facultades que le han sido concedidas por dicho estatuto, con el fin de cumplir con la misión que le ha sido encomendada.

  • Opinión Nº 2014-19 de Departamento de Justicia

    Consulta de la Policía de Puerto Rico relacionada con la Ley de Sostenibilidad Fiscal y el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. Se concluye que a la Policía le aplican las disposiciones de Ley 66-2014. No obstante, como el Artículo 9 de dicho estatuto contempla varias excepciones, la Policía puede ocupar los puestos vacantes de supervisión y de esta forma cumplir con el Acuerdo que ha sido avalado por el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, siempre y cuando obtenga la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y/o del Secretario de la Gobernación.

  • Opinión Nº 2010-13 de Departamento de Justicia

    Núm. 09-54-B Estimado señor Director Ejecutivo: I. INTRODUCCIÓN Atendemos su comunicación mediante la cual nos solicita que analicemos si tanto el Reglamento de la Comisión Estatal Para la Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales, como el Reglamento para el Recibo, Depósito y Uso de Donativos y Fondos Asignados a la Comisión, deben cumplir con los requisitos dispuestos por la Sección 2.8(a) de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", 3 L.P.R.A. § 2128, relacionados con el proceso de adopción de reglamentos y su radicación en el Departamento de Estado. Asimismo, nos consulta si el Reglamento para el Recibo, Depósito y Uso de Donativos y Fondos Asignados a la Comisión tiene que ser, además, aprobad...

  • Opinión Nº 2016-12 de Departamento de Justicia

    Se insta reconsideración de la Opinión emitida el 4 de noviembre de 2016, Consulta Núm. 16-40-B, mediante la cual se determinó que, en virtud de lo dispuesto por la Ley Núm. 247-2004, según enmendada, conocida como "Ley de Farmacia de Puerto Rico" ("Ley Núm. 247"), la Junta de Farmacia carecía de autonomía administrativa y fiscal, y que la autoridad legal para manejar los fondos destinados al funcionamiento de la mencionada Junta corresponde a la Secretaria de Salud. Tras evaluar la solicitud de reconsideración, el Secretario de Justicia se reafirma en las conclusiones y fundamentos de derecho esbozados en la Opinión del 4 de noviembre de 2016, y reitera que todos los fondos recaudados por el cobro de derechos ingresarán al Fondo de Salud y aunque serán para uso exclusivo de la Junta de...

  • Opinión Nº 2005-02 de Departamento de Justicia

    Hacemos referencia a la comunicación del Lcdo. Gilberto Chárriez Rosario, su antecesor en el cargo, mediante la cual nos solicita una opinión legal en torno a cuál es la naturaleza legal de la Comisión Industrial de Puerto Rico ("Comisión") y si ésta puede ser considerada como una corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A su vez, nos consulta si la Comisión tiene capacidad legal para comparecer por sí sola ante foros administrativos, estatales y federales en atención a cualquier reclamación de sus empleados, y si puede transigir por sí misma una querella laboral de un empleado ante un organismo administrativo federal.

  • Opinión Nº 2012-03 de Departamento de Justicia

    Hacemos referencia a su solicitud de opinión legal sobre los efectos de la enmienda introducida mediante la Ley Núm. 178-2011 ("Ley Núm. 178"), al Artículo 5 de la Ley Núm. 88 de 8 de julio de 1986, según enmendada, mejor conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico". Como es de su conocimiento, el pasado 11 de agosto de 2011 fue aprobada la referida Ley Núm. 178. En términos generales, el estatuto tiene el propósito de establecer que cuando un menor de edad se encontrare cumpliendo por una conducta constitutiva de falta y cometa un delito que conlleve el procesamiento como adulto y resulte convicto, o el Tribunal de Menores haya renunciado a su jurisdicción mientras estaba cumpliendo una medida dispositiva como menor, éste terminará de cumplir por la primera falta y, una vez cumplido e...

  • Opinión Nº 2003-08 de Departamento de Justicia

    Me refiero a su comunicación mediante la cual solicita una opinión legal sobre si existe algún impedimento en ley para que los municipios de Puerto Rico puedan hacerse responsables de administrar los residenciales públicos que les sean asignados por el Departamento de la Vivienda (el "Departamento"), la Administración de Vivienda Pública (la "Administración"), o el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal ("HUD", por sus siglas en inglés).

  • Opinión Nº 2013-12 de Departamento de Justicia

    Si corresponde al Secretario de Justicia determinar qué impacto tiene cierto lenguaje utilizado en las Resoluciones Conjuntas del Presupuesto General aprobadas por la Asamblea Legislativa para las asignaciones de dinero para gastos ordinarios de funcionamiento con cargo al Fondo General y para determinadas asignaciones especiales. Se determinó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene amplia facultad para hacer el traspaso de fondos entre las agencias de gobierno enumeradas en la Resolución Conjunta, siempre y cuando sea para cumplir con los propósitos establecidos en ésta.