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Críticas al camino que corrió la Ley 160

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Por Keila López Alicea

keila.lopez@elnuevodia.com

Como parte del informe que presentó el viernes el comisionado especial Ángel Pagán Ocasio al Tribunal Supremo se incluyen varios informes periciales encargados por gremios magisteriales para evidenciar que existen alternativas a la reforma aprobada por el gobierno para el plan de pensiones de los educadores.

Asimismo, los gremios presentaron decenas de declaraciones juradas de maestros cuyo futuro se verá afectado por los cambios, documentos que, están convencidos, son suficientes para que el Supremo determine declarar inconstitucional la Ley 160, señaló la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, tras leer el informe del comisionado.

"El caso de nosotros va dirigido a cuestionar el debido proceso que se dio para aprobar la ley y la razonabilidad de los cambios que se hicieron. La evidencia que se presentó le da fuerza a eso", sostuvo Díaz.

Aunque coinciden en que la situación fiscal actual del Sistema de Retiro de Maestros es una crítica, los informes periciales presentados como evidencia y que fueron evaluados por este diario señalan que ni la administración de Alejandro García Padilla ni la Legislatura consideraron de forma exhaustiva medidas que permitieran atender el déficit del plan sin afectar drásticamente a los educadores.

"Nuestro examen detenido nos lleva a la conclusión de que en la labor de diseñar la Ley 160 no se cumplió con la doctrina de diligencia debida en el descargue de una responsabilidad profesional de las ramas gubernamentales aludidas", lee un análisis preparado por los economistas José Alameda y Alfredo González, el cual fue presentado como evidencia por la Asociación de Maestros.

El proyecto de la Cámara 1589, el cual luego se convirtió en la Ley 160, llegó a la Legislatura y se aprobó en cuatro días, lo cual no le permitió a la Legislatura evaluar a profundidad sus implicaciones ni establecer un balance entre los intereses del gobierno, de los maestros y de los bonistas, argumentan Alameda y González.

El pasado 14 de enero, el Tribunal Supremo ordenó paralizar la entrada en vigor de la Ley 160 para permitir que el caso se analice "en un ambiente sosegado".

Dos semanas más tarde, dicho foro judicial respaldó su decisión al declarar no a lugar una petición del Estado para que se levantara la...

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