DINERO PÚBLICO EN ARCAS PRIVADAS
POR MIGUEL DÍAZ ROMÁN
mdiaz2@elnuevodia.com
De esa manera, con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. El diario recibió estos fondos a pesar de que arrastra una deuda contributiva de $ 21,141,200 desde el 2003 hasta el 2012, lo cual es contrario a las normas establecidas en el gobierno que prohíben que empresas con deudas al erario firmen contratos con el Estado.
Según una investigación realizada por El Nuevo Día, El Vocero, cuya línea editorial abiertamente favorece a la administración actual, ha recibido a través de los años más de $ 24.9 millones de programas de incentivos salariales y de adiestramiento, que tienen vigencia limitada y que en su gran mayoría deben estar dirigidos a crear nuevos puestos de trabajo y no a mantener la plantilla actual.
Los incentivos han sido concedidos entre el 2006 y 2012, lo que implica que se iniciaron bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD). Durante el cuatrienio de Acevedo Vilá, se le concedieron $ 7.3 millones en incentivos a CINC y El Vocero de Puerto Rico, Inc., empresas bajo las cuales operaba el diario.
Las movidas más controvertidas, sin embargo, se registraron a partir de que el gobernador Luis Fortuño tomara posesión en el 2009, cuando en abril de ese año la administración de El Vocero cambió su estructura corporativa y creó nuevas empresas mediante las cuales tuvieron acceso a los incentivos para pagar su nómina y operaciones.
Desde el 2009 hasta el presente, el grupo de nuevas corporaciones ha recibido a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de municipios y de consorcios municipales, más de $ 17.6 millones en fondos federales y estatales. Según consta en los propios contratos de incentivos obtenidos por El Nuevo Día, los fondos que recibieron las nuevas corporaciones pretendían crear y mantener más de 1,000 puestos de trabajo entre 2006 y el 2012.
Antes del 2009, el diario llegó a tener 300 empleados y en la actualidad tiene 138, según datos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, lo que apunta a que dichas ayudas posiblemente se usaron para conservar la misma plantilla de empleados de la empresa y subsidiar, con los remanentes de esos fondos, las costosas operaciones del periódico.
De esta forma, el Gobierno les negó a más de 1,000 trabajadores desempleados una oportunidad de empleo y de adiestramiento en medio de la peor crisis económica que recuerde la historia reciente del país, que ya le ha costado más de 180,000 puestos de trabajo y miles de quiebras empresariales. Los fondos obtenidos por el diario provienen de los programas que son administrados por el DTRH y por los municipios de San Juan y el consorcio integrado por los municipios de Guaynabo, Cataño, Toa Baja y Toa Alta.
Estos fondos pretenden incentivar a las empresas...
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