Supremo valida la Ley de Retiro

Por Keila López Alicea

keila.lopez@elnuevodia.com

En una decisión dividida -con cinco votos a favor y cuatro en contra- el Supremo estableció que aunque la Ley 3 de 2013 menoscaba las obligaciones contractuales establecidas entre el Gobierno y los empleados públicos al cambiar los términos de su plan de retiro, las medidas son "razonables y necesarias".

"Concluimos que la Reforma del Sistema de Retiro es constitucional porque, a pesar de que existe un menoscabo sustancial de las obligaciones contractuales en controversia, las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr este fin", reza la sentencia que no fue firmada por un juez, pero que contiene las opiniones del juez presidente Federico Hernández Denton y las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta.

Los jueces asociados Roberto Feliberti Cintrón y Rafael Martínez Torres estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y emitieron su propia opinión de conformidad.

De inmediato, el gobernador se mostró complacido con la determinación.

"El fallo del Tribunal Supremo devuelve a Puerto Rico la tranquilidad, el sosiego y la confianza de que las tres ramas del Estado trabajan para adelantar los intereses del país y que el orden constitucional se mantiene como se concibió", sostuvo mediante un comunicado de prensa.

La primera demanda de empleados públicos cuestionando la constitucionalidad de la Reforma de Retiro fue radicada el 8 de mayo pasado por un grupo de empleados de la Oficina del Contralor. En las semanas subsiguientes, funcionarios de la Oficina de Administración de Tribunales y la Policía, ente otras agencias, presentaron sus propios pleitos. Se estima que más de mil servidores públicos forman parte de las demandas, las cuales fueron consolidadas en el Tribunal de San Juan, por lo cual el Supremo también las evaluó en conjunto.

Aunque los demandantes argumentaron que la Legislatura tenía varias alternativas menos onerosas, el Supremo determinó que estos no explicaron de forma adecuada cuáles serían estas otras medidas y cómo se implantarían.

Esta demanda estuvo enmarcada en la controversia a inicios de este mes, luego que funcionarios de las tres ramas de gobierno protagonizaran una serie de encontronazos después que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional otra ley, impulsada por la ramas ejecutiva y legislativa, que eliminó la facultad del máximo...

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