No bajan la guardia
Por José A. Delgado
jdelgado@elnuevodia.com
Lo único que está bajo negociación es si el gobierno de Puerto Rico consiente a las exigencias de Justicia federal o si el proceso es contencioso.
El gobernador Luis Fortuño, quien ayer tuvo una reunión de trabajo con el jefe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, Thomas Pérez, ya está consciente de que la demanda es inevitable, después del devastador informe de principios de mes que denunció violaciones continuas por parte de la Policía a los derechos civiles y constitucionales de los residentes de la Isla.
A La Fortaleza no le simpatiza la idea, indicaron las fuentes.
Por un lado, volverá a colocar una nube oscura sobre las actuaciones de la Policía. Y pudiera implicar el pago de todos los gastos del proceso judicial federal, incluidos los de la persona que se coloque para supervisar la reforma de la Policía, según una fuente del gobierno federal.
Pero, un recurso judicial -como ha ocurrido en los casos de las policías de Los Angeles (California), Pittsburgh (Pensilvania), del estado de Ohio y de Nueva Jersey- le garantiza fuerza legal a las exigencias de Justicia federal.
Los costos de todo el proceso pueden alcanzar los cientos de miles de dólares anuales, dijo ayer una fuente del gobierno de Puerto Rico, después de que el gobernador Fortuño -quien recientemente contrató a la empresa Warshaw y Associates por hasta $ 100,000 mensuales para que le asesore en este proceso-, se reunió con el secretario Pérez.
En el caso de la Policía de Los Ángeles todo el proceso de denuncia y revisión judicial se extendió por nueve años.
El pasado 8 de septiembre, al dar a conocer en San Juan el informe sobre las violaciones de derechos civiles, corrupción e ineficiencia en la Policía, Pérez adelantó que se contemplaba una demanda federal contra la Policía si el gobierno de Puerto Rico "no cambia nada" sobre los señalamientos que se le hicieron a la Policía.
"Si no hacen nada los problemas van a persistir, y si no cambian nada el Gobierno (federal) tendrá que iniciar una acción legal. Prefiero resolver esta situación sin litigación, pero si no podemos, vamos a hacer lo que necesitemos hacer. Tengo confianza porque todo el pueblo de Puerto Rico sabe que el departamento (de Policía) está roto de forma muy, muy grave", dijo Pérez, en una entrevista con El Nuevo Día, horas después de hacer público el informe.
El gobernador ha insistido desde entonces en que la mayoría de las 133 recomendaciones...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba