Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 9 de Mayo de 2001
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | AB-1993-108 |
| TSPR | 2001 TSPR 071 |
| Fecha de Resolución | 9 de Mayo de 2001 |
Queja
2001 TSPR 71
Número del Caso: AB-1993-108
Fecha: 9/mayo/2001
Oficina del Procurador General: Lcdo.
Iván F. Fuster Lebrón, Procurador General Auxiliar
Lcda. Edna Evelyn Rodríguez Benítez, Procuradora General Auxiliar
Oficina de Inspección de Notarías: Lcda.
Carmen H. Carlos, Directora
Abogado de la Parte Querellada: Por Derecho Propio
Colegio de Abogados de Puerto Rico:Lcdo.
Jaime Ruberté
Abogado de la Asociación de Notarios de Puerto Rico: Lcdo. Iván Díaz de Aldrey
Abogada del Instituto de Derecho Notarial y Registral del Colegio de Abogados de Puerto Rico: Lcda. Nora L. Rodríguez Matías
Amicus Curiae: Lcdo. Eugenio Otero Silva
Conducta Profesional
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2001
Conforme surge del resumen de los hechos pertinentes que hace el Procurador General de Puerto Rico, en su informe de 26 de marzo de 2001, allá para el 28 de febrero de 1991, José Juan Félix Dondeyne, y su esposa Carmen Zoraida Virella comparecieron ante el notario Luis Rodríguez Bigas y otorgaron la escritura número 35 de compraventa, mediante la cual le vendieron a la señora Jacqueline Félix Dondeyne, hermana del referido vendedor, una propiedad, sita la misma en la urbanización Alturas de Río Bayamón, por el precio convenido de $83,000.00, de los cuales en la escritura los vendedores confesaron haber recibido $64,127.15 con anterioridad al acto de otorgamiento.
Se hizo constar, además, que los esposos Félix Virella habían retenido la suma de $18,872.65 para saldar el balance de una primera hipoteca que los mencionados vendedores anteriormente habían otorgado a favor de R&G Mortgage Corp.1 Esa suma debía ser pagada a la antes mencionada institución financiera por H-R Mortgage,2 entidad bancaria hipotecaria con quien la compradora Jacqueline Félix Dondeyne financió el negocio, de forma que su hipoteca quedara en rango de primera.
H-R Mortgage no saldó la primera hipoteca, por lo que R&G Mortage reclamó el pago de la hipoteca a los esposos Dondeyne Virella. Debido a ello, el 4 de septiembre de 1992, el señor Félix Dondeyne radicó, ante la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia, demanda en daños y perjuicios contra H-R Mortgage Corporation y Humberto Ramírez Ferrer, presidente de la referida institución financiera.3 El 12 de mayo de 1993, el foro de instancia emitió sentencia en rebeldía a favor de los demandantes y le ordenó a los codemandados compensar a los primeros y cancelar la primera hipoteca inscrita a favor de R&G Mortgage en el Registro de la Propiedad y sufragar los gastos de la cancelación de hipoteca.
En o alrededor de esa misma fecha, compareció el señor Félix Dondeyne ante la Oficina del Procurador General de Puerto Rico con el propósito de presentar una queja contra el notario Rodríguez Bigas, relativa la misma a la transacción antes mencionada. En su contestación a la queja de fecha 13 de octubre de 1992, el notario expresó que era correcto lo alegado por el señor Félix Dondeyne de que, al otorgar la escritura de compraventa, se había retenido el importe de la primera hipoteca para ser pagada por H-R Mortgage Corporation, pero que el cheque que le había sido mostrado durante el acto del otorgamiento, firmado por el licenciado Humberto Ramírez Ferrer, presidente y único accionista de dicha entidad financiera, no había sido enviado a R&G Mortgage Corp., esto es, al tenedor de la primera hipoteca.
Como explicación para tal situación indicó el notario Rodríguez Bigas que, según el licenciado Ramírez Ferrer, una empleada se había apropiado de tales fondos. Expuso, además, el mencionado notario que la compañía Commonwealth Land Title Insurance Company, quien había expedido la póliza de título en el caso, había pagado a R&G Mortgage Corp. la totalidad del importe adeudado de la primera hipoteca. En su contestación, sin embargo, el notario Rodríguez Bigas no indicó nada respecto a la cancelación en el registro de dicho gravamen. Mediante comunicación de fecha 24 de noviembre de 1992, el Procurador le concedió al referido notario diez (10) días para que remitiera copia de la escritura de cancelación así como del boleto de presentación de la misma...
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