Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Mayo de 2017 - 198 DPR ___

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

---

---

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pedro López Bonelli

Recurrido

v.

Carlos Pérez Cruz

Peticionario

Certiorari

2017 TSPR 79

198 DPR ___ (2017)

198 D.P.R. ___ (2017)

2017 DTS 79 (2017)

Número del Caso: CC-2015-1043

Fecha: 16 de mayo de 2017

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial I de San Juan

Abogada de la Parte Peticionaria: Lcda. Marcelle D. Martell Jovet

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Yamil Vega Pacheco

Procedimiento Apelativo y Administrativo.

Sentencia revoca al TA con Opinión de Conformidad. ¿si el término dispuesto en la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, es uno fijo o el Tribunal de Apelaciones tiene discreción para acortarlo? La Regla no obliga, sino que faculta al Tribunal de Apelaciones para, discrecionalmente, permitir la presentación tardía del Apéndice.

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017.

Se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se remite el caso a ese foro para que atienda en los méritos el recurso de revisión judicial presentado por el señor Pérez Cruz.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de conformidad a la cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez disienten sin opiniones escritas. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017.

Hoy nos enfrentamos a la siguiente interrogante: ¿si el término dispuesto en la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, es uno fijo o el Tribunal de Apelaciones tiene discreción para acortarlo?

Específicamente, nos corresponde dilucidar si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al desestimar un recurso de revisión judicial de una decisión administrativa, por entender que éste no se perfeccionó por falta de apéndice. Ello, a pesar de que se solicitó y autorizó la presentación tardía del apéndice al amparo de la Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

59(E)(2).

Veamos los antecedentes fácticos que suscitaron la controversia ante nos.

I

El 3 de agosto de 2015, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitió una Resolución en la cual ordenó al corredor de bienes raíces, el Sr. Carlos Pérez Cruz (señor Pérez Cruz), devolverle al Lcdo. Pedro López Bonelli (licenciado López Bonelli) la suma de $30,000. Esto, luego de determinar que el señor Pérez Cruz retuvo un depósito de dinero en alegada contravención a la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces, Ley Núm. 10-1994, 20 LPRA sec. 3025 et seq.

Inconforme con tal determinación, y después de agotar los remedios ante el foro administrativo, el 3 de septiembre de 2015, el señor Pérez Cruz presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, impugnando el dictamen del DACo. Coetáneamente, sometió una moción al amparo de la Regla 59(E)(2) del Reglamento, solicitando autorización para presentar el Apéndice de su recurso posteriormente. El Tribunal de Apelaciones accedió a lo solicitado mediante Resolución emitida el 14 de septiembre de 2015, y notificada por correo regular el día siguiente. No obstante, le concedió hasta el día 17 del mismo mes para presentar los documentos. Es decir, un término de tan sólo dos días desde su notificación por correo.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2015, el licenciado López Bonelli compareció ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la desestimación del recurso. Sostuvo que se privó al foro apelativo intermedio de jurisdicción para adjudicar los méritos del recurso presentado, ya que no se perfeccionó el recurso debido a que el señor Pérez Cruz, a ese momento, no había sometido el Apéndice conforme con lo ordenado.

Por su parte, el 30 de septiembre de 2015, el señor Pérez Cruz presentó el Apéndice del recurso. A su vez, se opuso a la desestimación solicitada. En esta comparecencia, justificó su tardanza al expresar que no recibió a tiempo la notificación de la autorización emitida el 14 de septiembre de 2015. Además, arguyó que el Reglamento del foro apelativo intermedio le concede un término de quince días para entregar los documentos, por lo que ese foro no puede acortar el periodo establecido en la Regla 59(E)(2), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E)(2). De esta forma, el señor Pérez Cruz planteó que toda vez que la notificación se cursó el 15 de septiembre de 2015, el término reglamentario aún no había expirado al 30 de septiembre, fecha en la que compareció con los documentos. Sin embargo, el mismo 30 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia desestimatoria, resolviendo que, "ante la falta de diligencia, incumplimiento y desatención, [se veía] precisado a desestimar el recurso por falta de perfeccionamiento y, por ende, por falta de jurisdicción. . .".¹ A pesar de que el señor Pérez Cruz acudió oportunamente mediante solicitud de reconsideración el Tribunal de Apelaciones la denegó.

Oportunamente, el señor Pérez Cruz recurre ante nos y reproduce los argumentos esbozados ante el foro apelativo intermedio. A tales fines, señala que el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar su recurso "por asuntos procesales en torno a la radicación del apéndice, ignorando así las disposiciones expresas de la Regla 59(E)(2). . .".²

II

Reiteradamente este Tribunal ha enfatizado que todo litigante debe observar rigurosamente las disposiciones reglamentarias establecidas para la forma y presentación de los escritos en los procedimientos apelativos. Véanse, por ejemplo, Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Pérez Soto v. Cantera Pérez Inc., 188 DPR 98 (2013); Rojas v. Axtmayer, 150 DPR 560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). El propósito de esta norma no se limita a vindicar la autoridad de los tribunales, sino que también se dirige a propiciar que el Poder Judicial se ejerza dentro de un marco procesal uniforme y ordenado, que le permita a toda persona situada en circunstancias similares, ejercer de forma efectiva su derecho a revisar un dictamen ante un panel de jueces. Véase Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 104-105 (2015).

De igual manera, este Tribunal ha puntualizado que existe un imperioso interés en que las controversias se resuelvan en los méritos. Véanse, Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002); Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241 (1997). Particularmente, se ha descartado la aplicación inflexible y automática de la desestimación como sanción por el incumplimiento con las reglas procesales que no afectan los derechos de las partes. Véanse, por ejemplo, Gran Vista I v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 186 (2007); Fraya, S.E. v. A.C.T., 162 DPR 182, 189-192 (2004); Vega v. Caribe G.E., 160 DPR 682, 687 (2003); Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 DPR 906, 913 (2000). En su lugar, se ha optado por hacer un balance entre "el deber de las partes de cumplir con las leyes y reglamentos procesales, y el derecho estatutario de los ciudadanos de que su caso sea revisado. . .". Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 168 (2002).

A.

Entre otras cosas, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., va dirigida a propiciar una mayor efectividad en el acceso a los tribunales.³ En particular, el Art. 4.004 de esta ley ordena al foro apelativo a "ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos". 4 LPRA sec. 24u. Igualmente, para enfocar el aspecto sustantivo de la revisión judicial de determinaciones administrativas hacia el acceso efectivo al proceso apelativo, se enmendó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq.⁴

En las citadas normas se reconoce la autoridad de este Tribunal para reglamentar los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA sec. 24w; 3 LPRA sec....