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Agarrados a la soguita

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ANTONIO QUIÑONES CALDERÓN

ESCRITOR Y PERIODISTA

Bastaría preguntar -y aguardar por las respuestas- ¿qué grado de soberanía adquirió Puerto Rico a partir de la vigencia del ELA? ¿De qué poderes inherentes al derecho internacional se invistió? ¿Qué derechos -representación en organismos internacionales, negociación de tratados entre países, entre otros- comenzó a disfrutar desde entonces? ¿Qué leyes federales -como la de cabotaje, digamos- objetadas por el gobierno local se abolieron con la aprobación del ELA? ¿Qué disposiciones políticas y económicas de la Ley Jones de 1917 dejaron de tener fuerza y vigor? ¿Salió Puerto Rico de la camisa de fuerza política de la cláusula territorial? Las respuestas combinadas son: ninguno y ninguna y no.

A la abundante evidencia jurídica y política que apoya esas respuestas, cabe agregar la categórica afirmación del congresista John R. Murdock, presidente del poderoso Comité de Territorios y Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes federal - y uno de los fieles aliados de Muñoz Marín en el Congreso por aquellos días-, en ocasión de estarse evaluando el documento constitucional del ELA en mayo de 1952.

Puntualizó el congresista: "Lo que dispone la Ley de Relaciones Federales, según se reafirma en la Ley Pública 600, es obligatorio para Puerto Rico. De manera que no existe posibilidad alguna de que, a través de enmiendas a la constitución de Puerto Rico por el propio pueblo de Puerto Rico, ni por la aprobación de leyes bajo dicha constitución, los puertorriqueños puedan ejercer poderes por encima o más allá de los límites fijados por la Ley Pública 600, expresamente aceptada por el pueblo de Puerto Rico".

Claramente -y no sé cómo algunos siguen dándose con la cabeza contra la pared de la realidad argumentando lo contrario -, lo ocurrido en 1952 fue que el Congreso accedió, condescendientemente, a permitir que los residentes del territorio no incorporado de Puerto Rico reescribieran la Ley Jones, y que lo hicieran en español, en aquellos aspectos relacionados con su estructura de gobierno interno, y que aprobaran además una carta de derechos (que el mismo Congreso tijereteó)...

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