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A 30 años de un proceso histórico

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Vincent

WASHINGTON.- Nunca antes se avanzó tanto, pero el proceso de status de 1989 a 1991 -que cumple esta semana tres décadas- ha quedado como el último referente de un esfuerzo tripartita para reclamar al gobierno federal que consulte a Puerto Rico sobre su futuro político.Todo cobró forma después de una carta, del 17 de enero de 1989, en la que los presidentes de los tres partidos políticos inscritos, el gobernador Rafael Hernández Colón, del Partido Popular Democrático (PPD); Baltasar Corrada del Río, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Rubén Berríos Martínez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), escribieron al entonces presidente George H. W. Bush y al liderato del Congreso, para pedir una consulta vinculante para Estados Unidos (EE.UU.).Días antes, tras su reelección como gobernador en noviembre de 1988 y luego de reunirse con miembros del Congreso, Hernández Colón afirmó, en su mensaje inaugural del 2 de enero de 1989, que "ha llegado la hora de que el pueblo exprese nuevamente su preferencia sobre las alternativas de status político y creo que es igualmente necesario que el gobierno de EE.UU. de América manifieste su posición al respecto".La carta fue en sí un reconocimiento de una realidad que no ha cambiado: el Congreso nunca ha consultado a Puerto Rico sobre alternativas de status ni precisado -más allá de profundizar la relación colonial, como hizo con la ley Promesa- qué está dispuesto a ofrecer.La histórica convocatoria de los presidentes de los tres partidos del 17 de enero de 1989 fue seguida por expresiones del presidente Bush, en su mensaje del 9 de febrero al Congreso, tres semanas después de su juramentación, en la que exhortó al legislativo federal a "tomar los pasos necesarios para permitir" al pueblo de Puerto Rico "determinar su propio destino político". A nivel personal, Bush se expresó a favor de la estadidad.Después de un amplio proceso de audiencias, y en otro paso histórico, por vez primera, la Cámara de Representantes aprobó, el 10 de octubre de 1990, un proyecto de ley a favor de alternativas de status. Las definiciones detalladas sobre lo que significaban las alternativas de status, contrario a lo que intentaba el Senado, quedaron relegadas al informe.Ninguna medida que ofrezca alternativas de status ha sido llevada a votación en el pleno del Senado. En agosto de 1989, lo más que se logró fue aprobar una medida en el Comité de Energía y Recursos Naturales, bajo la jefatura del demócrata J. Bennett...

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