Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 34 D.P.R. 773
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 34 D.P.R. 773 |
No.: 92
Visto: Noviembre 30, 1925, Resuelto: Diciembre 11, 1925.
Sentencia de A. Acosta Quintero, J.
(Ponce), condenando al acusado por
infracción del Reglamento de la Comisión de Servicio Público de junio 3,
1924, a sufrir prisión subsidiaria a falta del pago de la multa impuesta.
Con lugar el habeas corpus.
R. Arjona Siaca, abogado del peticionario; José E. Figueras, abogado de El
Pueblo.
El Juez Asociado Señor Franco Soto, emitió la opinión del tribunal.
Lorenzo Rivera fué acusado por infringir la regla primera del Reglamento
aprobado en junio 3, 1924, por la Comisión de Servicio Público y condenado a
pagar cincuenta dólares de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel
por cada dólar que dejase de satisfacer.
El peticionario fué reducido a prisión por no satisfacer la multa y ha
presentado esta apelación de habeas corpus alegando, en síntesis, que su
prisión es ilegal porque la infracción de que se trata no está prevista y
penada por ningún precepto legal y la corte inferior carecía, por tanto, de
jurisdicción para dictar la sentencia que le declaró culpable y le impuso la
pena alternativa de multa o cárcel.
La regla 1 a del Reglamento a que se refiere la acusación y sentencia, dice
lo siguiente:
A partir del primero de julio, 1924, toda persona natural o jurídica, sus
arrendatarios o administradores judiciales, dedicada por lucro al transporte
de pasajeros y sus equipajes, en Puerto Rico, usando vehículos de motor,
ser considerada como porteador público de pasajeros, y como tal no podrá
dedicarse a dicho transporte entre puntos fijos, o a lo largo de rutas
determinadas, sin antes haber obtenido un certificado de necesidad y
conveniencia para la explotación de dichos servicios, expedido por la
Comisión de Servicio Público.
Y la única sanción por faltar a dicha regla, se establece en el artículo 95
de la ley definiendo las compañías de servicio público, tal como fué
enmendado por la Ley No. 32, aprobada en junio 20, 1921, p. 185, el cual
textualmente dice:
"Art. 95. --Pena por infracción de ley o de franquicia. --Si cualquier
compañía de servicio público infringiere cualquiera de las disposiciones de
esta Ley, o realizare cualquier acto que por la presente se prohibe; o
dejare, omitiere, desatendiere o se negare a desempeñar cualquier deber a
que está obligada por esta Ley; o dejare, omitiere...
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