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MIGUEL A. SOTO CLASS

PRESIDENTE DEL CENTRO PARA LA NUEVA ECONOMÍA

¿Quién se hubiera imaginado que un tema tan árido como el de los estados financieros del País se convirtiera en uno tan comentado y que levanta tantas pasiones en la población en general? El asunto, sin embargo, es demasiado serio como para dejar que el análisis llano lo confunda o que el debate político partidista lo enturbie. Hay que hablar del tema con sobriedad, sosiego y, sobre todo, con reconocimiento de su enorme complejidad.

La reciente vorágine pública sobre la situación fiscal del gobierno surge de un informe preparado por el Departamento de Hacienda. Este informe, conocido como el Comprehensive Annual Financial Report (CAFR), es preparado todos los años por la agencia y es examinado por una firma internacional de auditores externos. Para entenderlo, es preciso desmenuzar sus múltiples niveles. Decir que ha habido progreso o no en el manejo del gasto operacional del gobierno no está reñido con plantear que la situación de largo plazo de la deuda pública y la solvencia del País sigue sumamente frágil y sigue siendo un asunto de mucho cuidado. Veamos a qué me refiero.

La actividad gubernamental puede verse desde dos lados: una, la de los ingresos y gastos; otra, la de los activos o el patrimonio neto. El primer caso se refiere a lo que entra como ingreso y se gasta de mes a mes o de año en año. El segundo, se refiere al valor total de los bienes que se tiene y a lo que se adeuda sobre estos al largo plazo.

En el primer tipo de análisis, el reporte más reciente hecho por el Departamento de Hacienda refleja que las operaciones del gobierno central -que incluye para propósitos de este informe cuatro entidades legalmente independientes del gobierno que son la Autoridad de Edificios Públicos, el residuo de las Navieras, COFINA y el Fideicomiso de los Niños- nos costaron unos $ 19.3 billones. Los ingresos para cubrirlos -del fondo general y fondos federales- fueron de unos $ 15.8 billones, lo que dejaría un déficit...

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