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A rectificar la injusticia

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EFRÉN RIVERA RAMOS

CATEDRÁTICO DE DERECHO

Se rectificaría así la injusticia que resultó de las interpretaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que excluyeron de la protección que provee esa legislación a las personas que confrontan violencia por parte de sus parejas del mismo sexo y aquellas involucradas en relaciones de pareja en las que al menos uno de los integrantes está casado con otra persona.

El Ejecutivo también debe hacer su parte. El Departamento de Justicia debe expresar claramente su endoso a las enmiendas requeridas. Después de todo, las interpretaciones restrictivas adoptadas por el Tribunal dieron al traste con lo que había sido hasta ese momento la política pública del estado promovida por ese departamento.

El problema de la violencia en las relaciones de pareja ha adquirido dimensiones epidémicas en nuestro país. El daño que esa violencia inflige afecta a personas en todo tipo de relaciones de pareja, sean heterosexuales, del mismo sexo, casadas, convivientes, de novios o amantes y a quienes, por alguna razón u otra, tuvieron, pero ya no sostienen una relación semejante. Destruye vidas individuales y también perturba a familias, vecindarios, lugares de trabajo y todo entorno en el que la violencia se manifiesta o al que difunde sus consecuencias. Un fenómeno tan extendido requiere soluciones igualmente comprensivas.

Los que se oponen a este tipo de medida vuelven a enarbolar algunos de los argumentos profundamente errados esgrimidos por los jueces del Tribunal Supremo, responsables de aquellas decisiones. Uno de ellos consiste en afirmar que la Ley 54, como se conoce a la Ley de Violencia Doméstica, tiene el propósito de proteger la integridad familiar, entendiendo con ello la familia tradicional basada en el matrimonio.

Ese argumento fue rebatido contundentemente por los jueces Federico Hernández Denton y Liana Fiol Matta en sus opiniones disidentes en los casos de Pueblo v. Ruiz Martínez (2003) y Pueblo v. Flores Flores (2011), respectivamente. Allí dejaron claramente establecido lo que los expertos en este tema han sostenido por años: el propósito cardinal de la Ley 54...

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