Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 4 de Julio de 1930 - 43 D.P.R. 741

EmisorTribunal Supremo
DPR43 D.P.R. 741
Fecha de Resolución 4 de Julio de 1930

43 D.P.R. 741 (1932) PUEBLO V. BOSCH TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v.

Eloy Bosch, acusado y apelante.

No.: 4579, - Sometido: Mayo 19, 1932, Resuelto: Julio 7, 1932.

Sentencia de R. H. Todd Jr., J. (Ponce), condenando al acusado por delito de Portar Armas. Revocada y absuelto el acusado.

Pedro M. Porrata, abogado del apelante; R.A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

El Juez Asociado Señor Wolf, emitió la opinión del tribunal.

El 4 de julio de 1930 el apelante era celador de la Central Matilde, situada en el Distrito Judicial de Ponce. Aparece que la finca de la central es muy extensa y que una carretera pública la atraviesa; en otras palabras, que la propiedad de la Central Matilde está a ambos lados de la vía púbica. El susodicho 4 de julio, alguien informó al apelante que dos hombres estaban cortando yerba en la finca de la central, sin permiso. Los dos hombres, aparentemente, le fueron señalados al apelante y estaban entonces en la carretera, donde él se unió a ellos. Hubo alguna prueba tendente a demonstrar que el apelante sacó un revólver y que uno de los testigos denunciantes lo agredió con un "mocho." Nada más sucedió, aparentemente, excepto el arresto del apelante. No hay duda de que el acusado en verdad estuvo en la carretera con un revólver sobre su persona. Aparece que él había estado empleado como celador durante más de veinte años, y que su ocupación, a semejanza de los mayordomos, era voltear la finca. El estaba autorizado por sus patronos para portar un revólver.

El apelante fué convicto del delito de portar armas prohibidas bajo la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924. Cuando esta ley empezó a regir su constitucionalidad fué atacada por varios motivos. Uno de esos fundamentos fué que la ley no especificaba arma alguna. Contestamos esto en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, en el sentido de que las armas envueltas eran las mismas o similares a las enumeradas en la ley de 1905, Comp., sec. 5994. Este llegó a ser un caso principal (leading) y fué citado en El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 475, como decisivo de que podía acudirse a la ley anterior para determinar la naturaleza de las armas.

Igualmente, en los casos de El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460, y El Pueblo v. Vadi, íd. 462, sostuvimos la ley en una forma un poco distinta. La sección primera de la ley disponía que: "Toda persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses." Resolvimos que a esta sección la complementaba la 5 de la ley, que dice así: "Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables: "1. A la portación de los útiles, herramientas e instrumentos de las artes, profesiones, oficios y ocupaciones o deportes cuando se portaren con motivo u ocasión de los mismos; "2. A la portación de bastones de uso corriente, siempre que no contengan estoque u otra de las armas prohibidas por esta Ley; "3. A la portación de cortaplumas o cuchillas plegadizas de bolsillo...

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