48 horas

HIRAM MELÉNDEZ JUARBE

PROFESOR DE DERECHO UPR Y BLOGUERO

No hablo exclusivamente del aumento en composición de 7 a 9 jueces, aunque lo incluye. La transformación constitucional que indico no tiene nada que ver con que el partido azul logró nombrar la mayoría de jueces (ello puede ser bueno si son competentes). Me refiero a la transformación radical en torno al lugar del Tribunal Supremo en el imaginario social puertorriqueño.

En sólo un par de años, se ha desmoronado lo que tomó generaciones construir: la confianza pública en que las controversias del País serán dirimidas por personas que, como mínimo, harán un esfuerzo por resolverlas conforme al derecho. Digan lo que digan del Tribunal antes del 2008, de sus jueces o de su afiliación política, esta percepción existía. Pero ya no. La percepción es decididamente otra y es producto de procesos atropellados de confirmación, del agrandamiento goloso de la institución sin justificación, de reconocerle un "derecho adquirido" a exgobernadores pero negándoselo a empleados públicos sin explicar, y de la complacencia interna en una marea política, entre otras cosas.

Entonces, la pregunta huelga: ¿qué discusión hemos tenido sobre este cambio? Las esferas institucionales que encausan esta transformación tienen la responsabilidad de plantearse las consecuencias de sus actos explícitamente; ¿qué significa esta revolución en el Tribunal, ahora, y para su estabilidad futura? ¿Qué respeto derivarán las opiniones del Tribunal por parte de ciudadanos, o por parte de administraciones futuras que claramente le visualicen como retrancas políticas?

La discusión no existe pues el espacio discursivo institucional está restringido; es decir, el contexto material y temporal donde la reflexión ha de ocurrir, está clausurado. Los eventos recientes son elocuentes.

El 5 de noviembre de 2010 la mayoría del Tribunal solicitó un aumento de dos jueces. Cinco meses después, el lunes 9 de mayo de 2011, el gobernador anunció los dos nuevos nombramientos...

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