En $939 millones el costo de la quiebra

¿Invertiría usted $1 para ahorrar cerca de $30? Eso, en esencia, es lo que plantea la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el paquete informativo que enviará a los acreedores del gobierno central en los próximos días y que establece que hasta el mes pasado, el proceso de bancarrota -que busca erradicar unos $72,000 millones en deuda pública- le ha costado a los contribuyentes puertorriqueños unos $939 millones.Según la Declaración Informativa aprobada por la jueza Laura Taylor Swain, hasta el pasado 13 de junio, los gastos y honorarios legales, financieros y de consultores de los casos de Título III totalizaron $939,137,623.49.En contraste, según la JSF, los esfuerzos de reestructuración de bonos han resultado en un alivio de $27,500 millones por principal e intereses dejados de pagar. La cifra no incluye los alivios que según la JSF, se darían si la jueza Swain confirma el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.La JSF alega que el gobierno central también verá otros $932 millones en ahorros como resultado de la anulación de la Ley 29, el estatuto que condonaba a los municipios el pago de la aportación a la reforma de salud y las pensiones.Del total de gastos y honorarios, al pasado 13 de junio, alrededor de la mitad -unos $503 millones- corresponden a abogados. Los asesores financieros -entre estos, firmas como Citi que ayudaron a estructurar la deuda de la isla antes de la quiebra- han cargado con la segunda tajada de facturación ascendente a $278 millones.En tanto, los consultores, en su mayoría trabajando para la JSF y entre estos, la controversial firma McKinsey & Co., han facturado $158 millones.El Equipo de Mediación creado por la jueza Swain y que habría facilitado los acuerdos entre la JSF, bonistas y otros acreedores ha costado unos $2.8 millones.En total, unas 50 firmas han participado del proceso de reestructuración de Puerto Rico.Los gastos por entidadAl agrupar los gastos por cada parte en el proceso de reestructuración, los honorarios de los contratistas de la JSF ascendían hasta el pasado 13 de junio, a $493 millones y aquellos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el gobierno superaban $284 millones. La facturación del Comité Oficial de Retirados (COR) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), los dos grupos de acreedores nombrados por el Síndico de Estados Unidos, han facturado en conjunto -aunque operan por separado- unos $139 millones.En tanto, el Agente de la Corporación...

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