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Aafaf da su versión del retiro de Moody’s como revisor de la deuda

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Vincent

La decisión de Moody’s Investors Service de abandonar el análisis de la deuda pública de Puerto Rico nada tiene que ver con problemas en la calidad de la información que provee el gobierno, aseguró en una declaración escrita la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (JSF).Según la declaración de la Aafaf enviada a este diario, que a su vez, se apoya en un informe de Moody’s, la casa acreditadora no evaluará más la deuda pública de la isla por "una decisión de negocios", descripción que la política de la firma responde a motivaciones particulares de la empresa y no relacionadas a la entidad objeto de análisis.El Nuevo Día supo que Moody’s notificó su decisión al gobierno el pasado 15 de julio, pero los acuerdos entre las partes impiden al emisor -en este caso, el gobierno- divulgar la información hasta que la casa acreditadora lo informe al mercado.Este diario solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una reacción a lo sucedido y si conocía de la decisión antes de que se hiciera pública, pero no recibió respuesta.El pasado 20 de julio, Moody’s notificó al mercado que retiraba sus clasificaciones crediticias a las Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y todos los créditos relacionados al gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas.También retiró sus clasificaciones para la Autoridad de Financiamiento Municipal y la Universidad de Puerto Rico, entidades que no se encuentra en un proceso de bancarrota o bajo el Título III de Promesa.La decisión de Moody’s se reseñó ese día en la publicación The Bond Buyer.Tres días más tarde, es decir, el pasado viernes, la Aafaf notificó formalmente al mercado la decisión de la casa acreditadora en un informe a la Junta Reglamentadora de Valores Municipales.Por lo general, las casas acreditadoras pasan juicio de un emisor de deuda -sea privado o público- porque este lo solicita y paga anualmente por ese servicio. Puerto Rico no emite deuda desde el 2014 y desde el 2017, se encuentra en un proceso de reestructuración.Aunque se trata de una relación contractual, el gobierno nunca ha incluido ese acuerdo de servicios profesionales en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor ni ha revelado su costo anual o por transacción. La Aafaf no precisó si fue el gobierno, quien prescindió de sus servicios en algún momento.La decisión de Moody’s se produce justo cuando la JSF busca que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain dé su autorización a la Declaración Informativa y al...

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