Acusados insisten en la desestimación
Por Frances Rosario
frances.rosario@gfrmedia.com
Estas argumentaciones se dieron a pesar de que la controversia está planteada en un recurso ante el Tribunal Apelativo, luego de que otro juez de Bayamón, Alvin Rivera Rivera, determinara el pasado mes de junio no darle paso a igual petición de desestimación hecha por los restantes acusados, según confirmó el fiscal Edmanuel Santiago Quiles.
En ambos casos, las posición de los abogados de defensa, Ana Quintero, Alexis Acevedo Colón, José Valle, Antonio Bauzá Torres y Víctor Vargas, así como la de los fiscales, Lorreine Pietri y Santiago Quiles no variaron. La primera parte insiste en que los delitos debieron haberse radicado por violación al Código Electoral para el siglo 21, que sus clientes son perseguidos políticamente y que el Tribunal no tiene jurisdicción del caso, pues la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debe atenderlos de forma administrativa. Los fiscales, entretanto, aluden a que el Código Electoral no regula las transferencias de domicilio, por lo que la ley general, en este caso el Código Penal, es el que se aplicaría para encausar a los acusados.
Este caso de fraude primarista para la candidatura de representante del precinto 7 de Guaynabo, Bayamón y Cataño, al que aspiraban el exlegislador Ángel Pérez y el actual representante Antonio Soto, fue revelado tras una investigación de El Nuevo Día. El mismo consistía en que los imputados, en su mayoría empleados y policías municipales de Guaynabo, alegaban tener residencia en ese pueblo de forma falsa. En algunos casos, utilizaron viviendas propiedad de otras personas, así como en alquiler o venta, develó la investigación.
Durante la argumentación de la moción de desestimación, la abogada Quintero explicó que los acusados nunca fueron recusados ante la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de la CEE por alegar residir en las viviendas de Guaynabo. Pero, sobre todo, destacó que de las 2,000 recusaciones por residencia que se hicieron en toda la Isla, solo se ha acusado a las 45 personas del precinto 7. "Se establece la mala fe de que las únicas personas que han procesado son personas que pertenecen al precinto 7", destacó.
Quintero fue más lejos al achacar en dos ocasiones responsabilidad vicaria y criminal a los miembros de la JIP del precinto 7 por no recusar a las personas hoy acusadas. En una de sus expresiones, cuestionó si "a quienes hay que acusar es a los perjudicados que están aquí o a los funcionarios de la JIP que no...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba