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Acusan de interferencia indebida a la Junta

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Vincent

La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) solicitó a los directivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que corrijan sus desaciertos en lo que atañe a los contratos de compra de energía renovable (PPOA, en inglés), asegurando que el personal y los consultores que les asesoran en el tema erraron en sus juicios e intervinieron directamente en el proceso de negociación que llevó a cabo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).Sobre todo, ante la alegada lista de errores y violaciones a las políticas de contratación de la propia JSF, la APER advirtió que el nuevo Proceso de Solicitud de Propuestas (RFP, en inglés) y que busca promover unos 1,000 megavatios (MV) de energía renovable resultará en precios más altos al consumidor que los precios renegociados con los llamados proyectos renovables "legacy" y que fueron descartados por el organismo fiscal y la AEE.En entrevista con El Nuevo Día, el exdirector ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, quien asesora a la APER en carácter "pro bono", indicó que para muestra un botón basta. En el 2019, la JSF rechazó el contrato de Puma Energy bajo la premisa de que este no se hizo sobre bases competitivas e insistió en que la AEE lanzara un nuevo proceso de licitación para la compra de combustible.A la larga, dijo Ramos, la AEE terminó contratando a Puma para la compra de diésel número 2, pero pagando un precio más alto por tal combustible.Ramos dirigió la AEE durante algunos meses en el 2017 y salió de la corporación pública cuando Puerto Rico quedó a oscuras luego del paso del huracán del María.Los señalamientos de Ramos y otros están recogidos en una carta con fecha del pasado 20 de mayo y que el director ejecutivo de la APER, Julián Herencia, envió a los miembros de la JSF la semana pasada y en la que se plantea que el organismo fiscal ha actuado de manera arbitraria al asignar fondos para gastos no presupuestados como el contrato de LUMA Energy."APER cree firmemente que las acciones tomadas por el personal de la JSF en relación a los proyectos ‘legacy’ son una interferencia directa con la Política Pública Energética de Puerto Rico, según establecida en las leyes 82 de 2010, 57 de 2014 y 17 de 2019 y a la independencia gerencial y administrativa de la AEE como la corporación pública a cargo de...

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