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Adjuntas a punto de cerrar

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Por Israel Rodríguez Sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

La confiscación de las cuentas, para pagar una deuda millonaria con empleados municipales despedidos por discrimen político en 1997, lo dejaría sin fondos para pagar la nómina y otros servicios como la tarjeta de Misalud, el recogido de basura y la seguridad, sostuvo Barlucea.

"Si esto baja y nos confiscan las cuentas, los 300 empleados quedan en la calle esta semana y sería el primer pueblo que colapsaría por una decisión de un juez. Es algo grave", expresó alarmado Barlucea, quien convocará a todos sus empleados en la mañana de hoy a una reunión frente a los periodistas.

Allí el alcalde novoprogresista presentará todos los informes financieros del municipio, la orden del juez Fusté y otra documentación que prueba que actualmente el municipio, "aunque no es rico", no tiene déficit, dijo el alcalde. Barlucea reveló que también tiene en agenda una reunión mañana con el gobernador Luis Fortuño y el liderato legislativo.

Fusté ordenó la confiscación de las cuentas del municipio para pagar $ 7,071,520, sin incluir intereses legales y costas de abogados, que se le adeuda al grupo de empleados despedidos por el convicto exalcalde popular de Adjuntas, Roberto Vera Monroig, en 1997.

"El juez (Fusté) no pensó en el bien común del pueblo. Su decisión es injusta porque se centra en 62 personas (los demandantes) cuando estamos...

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