Afinan primer plan bajo Título III

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se disputan la implementación del presupuesto para el año fiscal en curso, el organismo federal trabaja con premura en un plan de ajuste para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), supo El Nuevo Día.Tres fuentes separadas indicaron a este diario que los asesores de la JSF trabajan en el plan de ajuste de Cofina a la luz del acuerdo inicial que han suscrito los agentes que tenían a cargo resolver a quién pertenecen los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).El progreso de ese acuerdo inicial, según el expediente de los casos de Título III de Promesa, ya ha sido incluido en la agenda de la audiencia general que celebrará la jueza Laura Taylor Swain el 25 de julio.Según las fuentes, el plan de ajuste que trabaja la JSF depende, en primer lugar, de que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y la agente que representa a Cofina materialicen el acuerdo inicial. También dependerá de que, en una etapa posterior, bonistas y aseguradores municipales den su aprobación, y que este reciba la autorización de Swain, según lo establecido en el Título III.Pero, según las fuentes, quienes pidieron no se les citara por no estar autorizados a hablar del tema, el ritmo de las conversaciones entre el UCC y la agente de Cofina, Bettina M. Whyte -animadas por el proceso de mediación ordenado por Swain- ha sentado las bases para que la JSF trabaje en el plan de ajuste de deudas de Cofina, y este podría estar listo a finales de año.Según el expediente de Título III, la JSF, al igual que varios grupos de acreedores y las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de la isla, han avalado que se adopte un proceso para separar los recaudos del IVU, según se dispuso en el pacto inicial entre el UCC y Whyte.Un plan de ajuste de deudas es un documento que avala la corte y que establece el tratamiento que recibirán los distintos acreedores del deudor, en este caso, el gobierno o entidades como Cofina. El plan dispone el recorte de principal que recibirían los acreedores y la prioridad de pago que estos recibirán, así como los mecanismos que se utilizarán para pagar la obligación, una vez sea modificada.Según la Ley Promesa, aunque es el gobierno de Puerto Rico quien debe a bonistas, pensionados y contratistas, entre otras figuras, la JSF es la entidad autorizada a presentar en corte el plan de ajuste que entienda es razonable para el deudor y...

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