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Afrenta pública en carpeta

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Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

Se trató de una práctica que comenzó con una simple lista de independentistas que manejaba la Policía tras la revuelta nacionalista del 1950, recordó el expresidente del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva Muñoz.

En total, la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia espiaron y elaboraron más de 74,000 expedientes, en los que se resumían los movimientos de cada uno de los independentistas perjudicados. La persecución fue por motivos políticos o ideológicos.

El Tribunal Supremo, en el 1988, declaró inconstitucional esta práctica. Los argumentos que sustentaron la demanda, presentada por el independentista David Noriega, eran que las investigaciones hechas por las autoridades constituían una violación a los derechos de intimidad y libre asociación, puesto que los perjudicados no eran sospechosos de delito alguno. Los expedientes fueron entregados a los investigados o guardados en la Universidad de Puerto Rico o...

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