Agenda llena después del huracán María
La jueza Laura Taylor Swain encabeza este miércoles la primera audiencia general sobre los casos de Título III de Puerto Rico, luego de que el territorio estadounidense que busca renegociar la mayor deuda pública de la historia fuera embestido por el huracán María hace unos 35 días.
La audiencia se llevará a cabo en la sala que preside Swain en la corte del distrito Sur de Nueva York, donde al parecer, se conducirán los procedimientos judiciales en torno a la deuda de Puerto Rico hasta que se recobre en algo la normalidad que interrumpió el huracán.
Allí, Swain buscará retomar el curso del proceso judicial que fue interrumpido por el paso del ciclón, incluyendo la disputa entre los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y aquellos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), proceso que encabezan dos representantes nombrados por la corte y que ha propiciado una pugna entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la agente de Cofina, Bettina Whyte.
Asimismo, Swain tiene ante sí nuevos pedidos del gobierno, la JSF y los diversos acreedores de la isla como secuela del paso del huracán María.
El primer tópico en la agenda de hoy es la moción urgente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la JSF que busca que los fondos que asigne la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a la isla no puedan utilizarse para otro propósito que no sean las tareas de reconstrucción y recuperación.
El pedido de la JSF busca evitar que los acreedores puedan tener acceso a dichos fondos, una propuesta que cuenta con objeciones parciales de las aseguradoras municipales Ambac Assurance y National Public Finance Guarantee, al igual que el grupo organizado de bonistas de GOs.
La moción de la AAFAF y la JSF en torno al uso restricto de los fondos de FEMA surge al tiempo en que todavía se aguarda por lo que será una evidente revisión del plan fiscal, el documento que servía como hoja de ruta para la renegociación de la deuda de la isla.
En principio, dicho plan consideraba un recorte de 80% en el pago anual que se hace a los bonistas por un plazo de 10 años. La propuesta, que suponía un pago promedio de $800 millones a los bonistas, era la génesis de una fuerte disputa legal con aseguradores municipales y acreedores de la isla, los que buscaban desbancar el documento.
Sin embargo, a raíz del paso del huracán María, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares advirtió que el gobierno no podrá cumplir con...
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