Aguacero de nombramientos
Por Sandra Caquías Cruz
scaquias@elnuevodia.com
La lista de Fortuño, que hasta ayer alcanzaba 74 nombramientos -25 de ellos son para jueces y 21 para fiscales- incluye llenar las cuatro vacantes que hay en el Tribunal de Apelaciones. Dos de los nominados son personas que trabajan en La Fortaleza; otro es asesor del Senado, y el resto sale del sector privado.
Esos nombramientos, que solo son superados por los 133 para los que el entonces gobernador saliente Pedro Rosselló convocó una sesión estraordinaria en el 2000, serán discutidos por el pleno del Senado en la sesión extraordinaria que está convocada para el lunes 10 de diciembre, informó ayer el senador Larry Seilhamer.
La práctica de convocar una sesión extraordinaria tras el proceso electoral para nombrar a personas identificadas con el gobierno saliente no es exclusiva de las administraciones penepés.
La saliente gobernadora Sila María Calderón concluyó su mandato en el 2004 enviando al Senado una lista de 11 nombramientos para la Judicatura y cinco para puestos gubernamentales. Rafael Hernández Colón también tuvo esa práctica, aunque la cifra de nombramientos referidos no pudo ser confirmada.
Sin embargo, aunque es un proceso legal, conocedores del derecho y legisladores criticaron la práctica de nombrar en el último momento a jueces, fiscales y miembros de juntas por entender que se tiene la intención de perpetuar el poder en la Rama Judicial, donde los funcionarios no son electos.
"Esta práctica mina la fe que tiene el pueblo en la independencia judicial", sentenció el profesor de derecho Fernando L. Torres Ramírez, quien destacó que esta costumbre la comenzó el exgobernador Rafael Hernández Colón.
El exjuez Ángel Hermida, también criticó esta práctica por tratarse de nombramientos a largo plazo. En el caso de los jueces del apelativo -señaló- serán por 16 años.
"Es una practica malsana que el gobernador, cuando ha perdido las elecciones, esté cargando (de personas a fines a su partido) la Judicatura", subrayó.
El abogado Torres Ramírez explicó que, en el pasado, el nombramiento de un juez o fiscal pasaba por el crisol del Colegio de Abogados, la Comisión de Evaluación de Nombramientos y, en caso de una renominación, necesitaba una evaluación del Tribunal Supremo.
En la actualidad, el gobernador envía la lista de candidatos. La Comisión de Evaluación Técnica del Senado realiza un informe que envía, en casos de jueces y fiscales, a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la...
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