En el aire Oficina de Incentivos
Por Marie Custodio Collazo y Joanisabel González
Negocios
El proyecto pasó el cedazo del Senado, pero no bajó a votación en la Cámara de Representantes. No obstante, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José R. Pérez-Riera, aseguró ayer que el freno en la aprobación era parte de una estrategia coordinada entre los cuerpos legislativos, su agencia y el sector privado.
"Estamos comprometidos para crear un proyecto de consenso, que se pueda presentar en un frente común en algún momento durante este año o el próximo", respondió el funcionario a preguntas de la prensa, luego de que trascendiera que la Coalición del Sector Privado se opone a la medida que no pasó por el proceso de vistas públicas.
Los proyectos 2672 del Senado y 4029 de la Cámara proponen eliminar la Oficina de Exención Contributiva Industrial para crear la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico (OIN). Esa oficina evaluaría, concedería y administraría los incentivos que se ofrecen a través de unas 15 leyes de fomento económico.
Estas medidas fueron radicadas el 30 y el 31 de mayo de 2012, en Cámara y Senado, respectivamente.
Pérez-Riera aseguró que la aprobación senatorial fue un "simple paso procesal", que se había estado coordinando para que la medida pasara a comité de conferencia. Sin embargo, se quedó corto de tiempo.
Anoche culminó el periodo para aprobar proyectos en la presente sesión legislativa. Los cuerpos tienen unos días adicionales, hasta el 30 de junio, para aquellas medidas que van a comité de conferencia. La única alternativa para aprobar medidas en lo que resta del año es una sesión extraordinaria.
"Hemos acordado con ellos (los representantes del sector privado) que vamos a estar trabajando con el sector para que el proyecto pueda atender las preocupaciones que ellos puedan tener. No se va a aprobar en esta sesión por la falta de tiempo", reiteró Pérez-Riera. "La realidad es que es un proyecto complicado, pero de la misma forma, tiene todos los elementos necesarios para ayudar a la industria, en todos los renglones".
Pero, al parecer no solo la Coalición del Sector Privado se opone a la medida sino también algunas agencias de gobierno que serían afectadas adversamente por la propuesta, supo El Nuevo Día.
Según fuentes de este diario, el proyecto ha levantado inquietudes al interior de la Compañía de Turismo, en subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y en otras agencias de regulación de actividades...
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