Ajuste que golpea al Gobierno
El proceso de reajuste de deudas en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que comenzó ayer deja en evidencia que atender el colapso de las finanzas públicas de la Isla perjudicará al propio Gobierno y a los trabajadores que han dedicado sus vidas al servicio público.
Al solicitar las protecciones del Título III de la ley federal PROMESA, un remedio parecido al de bancarrota que se provee a subdivisiones de gobiernos estadounidenses en el capítulo 9 del Código de Quiebras, la ACT buscará anular lo que debe a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que también renegocia su deuda pública, y a sus propios empleados.
De acuerdo con la petición radicada ayer por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entre las primeras 20 deudas más grandes de la ACT, figura el pago de la factura de la luz, que ronda unos $46 millones, y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), a la que se adeudan otros $14.5 millones.
En total, la lista de deudas no aseguradas de la ACT que se presentó ayer a la corte, y que incluye a varios contratistas de la corporación pública, ronda unos $93.3 millones. De esa cifra, casi dos terceras partes se adeudan al propio gobierno.
El pedido de Título III radicado ayer es el primero que se efectúa para una corporación pública bajo el control de la JSF.
“El riesgo era que los acreedores podrían entrar a la corporación y esencialmente cerrar Carreteras. Tomamos la determinación de tener esa protección (Título III) para evitar que eso ocurriera”, dijo ayer el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, un día después de que pidiera a la JSF acudir a la corte federal en nombre de la ACT.
Negociación sin fruto. En la misiva en la que solicitó el remedio de Título III para la ACT, Rosselló Nevares indicó al presidente de la JSF, José B. Carrión, “que el Gobierno ha provisto propuestas a los acreedores de la (ACT) para reestructurar las obligaciones” de esa corporación pública y que en las negociaciones también participaron las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de la ACT.
Sin embargo, que se sepa, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ni la JSF han revelado qué acreedores de esa corporación pública participaron de las negociaciones y tampoco ofrecieron detalles específicos de la propuesta, a excepción de una mención en la oferta hecha a los bonistas de Obligaciones y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
En esa oferta del pasado 24...
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