Un alcalde que intenta aferrarse al poder
A sus casi 72 años, el poderoso alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, recibió un duro golpe por presuntamente usar su poder físico y también el que le concede su cargo para forzar a una subalterna a mantener una relación que ya, ella, no deseaba sostener.
Esto es lo que se desprende de los delitos que el Departamento de Justicia sospecha que el alcalde, quien lleva 24 años en ese cargo, pudo cometer.
O’Neill ingresó al Municipio de Guaynabo en el 1973 como administrador de obras públicas y fue escalando puestos y aglutinando conexiones e influencias hasta ganar en las elecciones de 1988 un escaño senatorial.
En el 1993, cuando presidía la importante Comisión de Nombramientos del Senado, O’Neill fue electo alcalde de Guaynabo en una asamblea de delegados del Partido Nuevo Progresista en la que se buscó al sucesor del alcalde Alejandro “Junior” Cruz, quien falleció de un derrame.
Después de esa elección interna, O’Neill ha ganado seis elecciones para mantenerse frente a la alcaldía de Guaynabo en una vida política que tampoco ha estado exenta de controversias.
En el 2012, la Comisión Estatal de Elecciones investigó si empleados municipales pidieron el voto ausente de encamados que no lo habían solicitado y las supuestas irregularidades de personas que cambiaron de de unidad electoral para votar en Guaynabo en medio de una contienda primarista para el escaño representativo en la que el alcalde de Guaynabo favorecía a uno de los candidatos. Por estos hechos, más de una decena de personas enfrentaron cargos, aunque la mayoría no prevalecieron. Las autoridades no relacionaron a O’Neill con estas acciones.
Fama administrativa. El alcalde de Guaynabo ha ganado fama como buen administrador de una ciudad que tiene el ingreso per cápita más alto de la isla, $20,409. Guaynabo opera este año con un presupuesto de cerca de $138 millones y, según los datos estadísticos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), para el año fiscal 2014-2015, tenía un superávit de $11.8 millones y arrastraba una deuda pública que superaba los $282 millones.
Desde el 2002, la OCPR ha emitido seis informes de auditoría sobre este municipio que han incluido referidos al Departamento de Justicia (DJ), pero que esta agencia los ha cerrado sin ninguna consecuencia para los involucrados, según datos provistos por el DJ. Todos los referidos del Contralor fueron investigados bajo administraciones del Partido Popular Democrático.
Los referidos contienen hallazgos de auditoría...
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