Alcaldes tienen medio país en la bancarrota
Por Wilma Maldonado y sandra caquÍas
puertoricohoy@gfrmedia.com
Treinta y ocho municipios operan con déficit y la suma del presupuesto de los 78 municipios, un total de $ 2,347 millones, no alcanza para pagar la deuda de $ 3,780 millones que tienen en préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Las medidas para frenar esa crisis fiscal no han tenido éxito en la mayoría de los pueblos. La implementación de una reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, no sacó a Yauco del déficit acumulado que arrastraba, como tampoco lo hizo en Vega Baja, que, entre otros municipios, también impuso dicha norma.
A pesar de estas experiencias, esa misma medida la acogen ahora como tabla de salvación municipios como Arecibo y Ponce, cuyos ingresos han sido insuficientes para cumplir con sus acreedores y tienen dificultades para el pago de la nómina municipal.
El problema ha sido que la reducción de la jornada laboral por sí sola es incapaz de detener el endeudamiento, si no se acompaña de otras reformas administrativas.
El aumento de la tasa de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble es otra acción de rescate a la que recurren los gobiernos municipales. Esa estrategia persigue aumentar su capacidad prestataria, la que con mucha frecuencia usan para solicitar empréstitos para cubrir gastos operacionales y no para mejorar los servicios e infraestructura en sus comunidades.
Ponce, por ejemplo, aumentó sus contribuciones sobre la propiedad, pero eso no evitó la crisis fiscal en que está sumido y que ahora ataja con un plan para eliminar dos días de la jornada de trabajo de sus empleados. También, se anunció la terminación de los contratos de otros 400 empleados.
A pesar de que claramente los municipios en déficit no tienen solvencia para pagar las deudas contraídas, el presidente del BGF, Javier D. Ferrer Fernández, aseguró que esa entidad no otorga un préstamo sin que el municipio tenga margen prestatario para responder. Advirtió que entre sus planes está aumentar la fiscalización de los trámites municipales.
"Nosotros no nos estamos viendo como una entidad que les va a cerrar la puertas a los municipios", expresó Ferrer Fernández. "Por un lado prestamos y, por el otro, somos agente fiscalizador... Los municipios tienen que estar más conscientes de la situación de austeridad", añadió.
La llegada del dinero de empréstitos les ofrece también a los alcaldes una nueva oportunidad de disimular su desbalance en caja. El remanente de los...
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