Alega que “usurpa” sus poderes

Por primera vez desde que se aprobó la ley federal Promesa hace dos años, y luego de casi tres meses de discrepancias en torno al plan fiscal y el presupuesto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acudió ayer al tribunal por entender que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “usurpa” los poderes administrativos y legislativos conferidos al gobierno puertorriqueño.

En lugar de esperar porque el organismo federal acudiera al tribunal para exigir la implementación de su presupuesto certificado, Rosselló Nevares por vía de su principal asesor legal en los casos de Título III, John Rapisardi, pidió a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que emita una sentencia declaratoria a fin de deslindar los poderes de la JSF y aquellos del gobierno. Además, el recurso adversativo incoado por Rosselló Nevares busca que se emita un interdicto contra los miembros del organismo federal para que estos dejen de “usurpar” los poderes conferidos a los oficiales electos y de intentar “microadministrar” el gobierno por la vía del plan fiscal y el presupuesto.

En una conferencia de prensa en Humacao, Rosselló Nevares dijo que “tomé la determinación de firmar el presupuesto de la Asamblea Legislativa porque el de (la JSF) tenía un lenguaje que era irse por encima de los poderes que se le adjudicaron dentro del proyecto de Promesa”.

Justo antes de que el gobierno le demandara, la JSF indicó que se defenderá enérgicamente de cualquier demanda en su contra y que el presupuesto aprobado y certificado por el organismo federal el pasado 30 de junio, es cónsono con el plan fiscal certificado y con Promesa.

En mayo pasado, la JSF y Rosselló Nevares acordaron derogar la Ley 80 de 1976 a cambio de que no se tocara el presupuesto de la Legislatura y se otorgaran aumentos presupuestarios a varias agencias del gobierno, así como un fondo de ayuda a municipios, entre otras medidas.

En aras de consumar el pacto, la Cámara de Representantes aprobó legislación para derogar la ley que concede ciertos remedios a trabajadores despedidos injustificadamente. El Senado, en cambio, rechazó la exigencia del organismo federal, tanto en el curso ordinario del proceso legislativo como en una sesión extraordinaria convocada por Rosselló Nevares.

“Las recomendaciones de política de la JSF bajo el plan fiscal de la Junta que el gobierno rechazó bajo la sección 205 de Promesa no pueden implementarse por la vía del presupuesto de la Junta como cuestión de derecho. La JSF tampoco puede...

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