Alegan le mintió a Ética
El exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, reiteró ayer que le pagó $2,000 a la exsenadora Mari Tere González a finales de 2012, y le saldó una deuda que tenía con una imprenta de entre $300 y $400.
Ninguno de los dos pagos figuran en los informes financieros que sometió González a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), según fueron presentados ayer en la sala 606 del Centro Judicial de San Juan, durante la continuación de la vista preliminar contra la exlegisladora popular.
González fue acusada por 13 cargos de violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental e incurrir en transgresiones de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de documentos falsificados.
La pesquisa contra González comenzó después de que decidiera acogerse a su derecho a no incriminarse cuando fue confrontada con el alegado pago de los $2,000, durante el juicio federal contra Hernández y otros tres coacusados por un esquema de corrupción gubernamental.
Ayer, a preguntas de Ramón Mendoza, de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), Hernández indicó que le entregó los $2,000 “en una reunión en Aguadilla… Fecha y lugar exacto, no recuerdo”.
Como testigo de cargo contra González explicó que había anotado el pago en su teléfono celular, al igual que hacía con otras transacciones similares, de manera que luego le solicitaba a sus socios que le repusieran sus respectivas partes de esos pagos.
Las denuncias de los fiscales especiales señalan que González hizo gestiones para ayudar a Hernández y a su socio, Héctor Vargas Soto, quienes habían apoyado su campaña electoral, a obtener unos contratos gubernamentales que les generaron ingresos de entre $300,000 a $2,000,000.
contradicen informes
También le imputan a González mentir en los informes anuales que presentó ante la OEG sobre el pago del alquiler de su residencia porque Vargas Soto le cedía la vivienda “sin pagar cánones de arrendamiento”.
Sobre este ángulo, los fiscales sentaron a testificar a Juan Báez Santiago, auditor “senior” de la OEG y quien tenía asignado darle seguimiento a las radicaciones de los estados financieros de González durante el cuatrienio de 2012 y 2016.
El primer informe incluía los ingresos que había tenido en el año natural de 2012, en los que no figuraron los pagos de Hernández.
Durante su interrogatorio, también validó el contenido de los informes presentados en sala en los que González informó bajo juramento sus lugares de...
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