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El alto costo de la quiebra territorial

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Vincent

El presupuesto que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió ante la Asamblea Legislativa para el próximo año fiscal contiene una partida de $175 millones para los gastos legales y de asesoría financiera asociada a la litigación de los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico.Se trata de una cifra similar a la que gastó la ciudad de Detroit, en Michigan, durante todo su proceso de 17 meses de quiebra y reestructuración de deudas, las cuales ascendían a $20,000 millones. Es decir, los contribuyentes puertorriqueños, a través del gobierno y la JSF, habrán gastado en solo un año todo lo que Detroit invirtió a lo largo de su proceso de bancarrota.Estos $175 millones, hasta cierto punto, se podrían ver como un alivio a las finanzas públicas, pues para el año fiscal vigente, se separaron $257 millones en honorarios legales y asesoría financiera.En total, estos dos años de litigios habrán costado unos $411 millones en abogados y asesores financieros.La inversión de $175 millones para el año fiscal 2020 también equivale a cerca del 10% de los recaudos anuales por contribución sobre ingresos, el 13% del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y un poco menos de lo que reciben las autoridades por el arbitrio sobre las cervezas en todo un año.Una suma como esa proveería para la compra de 6,019 patrullas Dodge Charger, cubriría 13,888 pensiones por un año y permitiría la adquisición de 437 camiones bomba, entre muchas otras necesidades del gobierno.La expectativa, según el plan fiscal vigente, es que para el 2024 la quiebra del gobierno puertorriqueño habrá implicado $1,500 millones en desembolsos. Esto incluye los gastos de la JSF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Comité de Acreedores No Asegurados, entre otros organismos asociados a los litigios.El 78% de estos gastos corresponden a las operaciones y las asesorías que recibe la JSF. Estos estimados, contenidos en la más reciente versión del plan fiscal del gobierno central, surgen de las facturas que el gobierno recibió en el proceso de quiebra durante los años fiscales 2018 y 2019, precisa el propio documento.La JSF, sin embargo, entiende que estos gastos no están fuera de lo ordinario si se toma en cuenta el monto de la deuda puertorriqueña de $64,000 millones.El cálculo de la Junta es que Puerto Rico gasta en servicios legales y financieros asociados a la ley federal Promesa lo equivalente al 1.68% de la deuda pública.Este indicador, alega el ente que controla...

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